Traduccion en español del articulo
Who Ordered Killing of Honduran Activist? Evidence of Broad Plot Is Found
Fue justo antes de la medianoche cuando dos hombres
patearon la puerta de la casa de Berta Cáceres en el pequeño pueblo hondureño
de La Esperanza. Pasando por la cocina, uno de ellos abrió la puerta de su
habitación y disparó seis veces. Ella murió momentos después.En un país donde la lucha para proteger los derechos a la tierra provoca represalias violentas, el asesinato en marzo de 2016 de otro defensor del medio ambiente podría simplemente haber retrocedido en un triste recuento de pérdidas lamentables.
Pero la Sra. Cáceres, de 44 años, se ganó la aclamación internacional por liderar a su comunidad indígena lenca contra una represa planeada en su tierra. Su prominencia transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió la investigación que siguió en un desafío a la impunidad arraigada de los poderosos en Honduras.
Ahora, 20 meses después del asesinato, un equipo de cinco abogados internacionales ha advertido que las personas que lo ordenaron nunca enfrentarán la justicia.
La evidencia, según los abogados, apunta a un complot contra la Sra. Cáceres que llevaba meses en proceso de elaboración y alcanzó a altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la compañía hondureña que tiene la concesión de la represa.
"La prueba existente es concluyente con respecto a la participación de numerosos agentes estatales, ejecutivos de alto rango y empleados de Desa en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato", escribieron los abogados.
Desa ha negado repetidamente cualquier participación en la muerte de la Sra. Cáceres o cualquier conexión con "actos de violencia e intimidación".
Ocho sospechosos
están bajo custodia, incluido Sergio Rodríguez Orellana, el gerente social y
ambiental de la compañía, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del
ejército hondureño que fue director de seguridad de Desa hasta mediados de
2015.
"Lo que el ministerio público aún tiene que hacer es acusar formalmente a las personas que contrataron a Bustillo para que planifiquen la operación", dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisó el caso a pedido de la familia de la Sra. Cáceres. El informe de los abogados, que The New York Times ha obtenido, se dará a conocer el martes.
La investigación del gobierno, por parte de una unidad de élite en la fiscalía general hondureña, permanece abierta, aunque el grupo de abogados dijo que no había señales de que hubiera progresado más allá de los ocho sospechosos.
Dos asesores estadounidenses, un detective de homicidios retirado y un ex fiscal federal, han estado trabajando con las autoridades hondureñas desde los primeros días de la investigación, como parte de un esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos para presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que resolviera casos criminales de perfil.
Muchos de esos casos involucran grupos poderosos que según los críticos operan más allá de la ley. "El gran desafío para Honduras es desmantelar estas fuerzas paralelas", dijo el Sr. Urbina, un experto en justicia penal de Guatemala y asesor en materia de reforma judicial.
Para preparar el informe, el grupo del Sr. Urbina examinó unas 40,000 páginas de mensajes de texto, que fueron recuperados por investigadores del gobierno hondureño desde tres teléfonos celulares, uno incautado en las oficinas de Desa y dos usados por el Sr. Rodríguez y el Sr. Bustillo.
Los mensajes, según el informe, muestran que los dos hombres permanecieron en contacto frecuente con tres ejecutivos de Desa de alto rango mientras rastreaban los movimientos de la Sra. Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. , conocido como Copinh.
Las conversaciones revelan, dijeron los abogados, que las órdenes de amenazar a Copinh y sabotear sus protestas provinieron de ejecutivos de Desa que ejercían el control de las fuerzas de seguridad en el área, emitían instrucciones y pagaban alimentos, alojamiento y equipo de radio de las unidades policiales.
"Hubo esta estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron la violencia, las amenazas y la intimidación", dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Derecho de los Derechos Humanos en la Universidad de California, Berkeley, y miembro del grupo de abogados.
Los otros miembros del equipo legal son un ex fiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han juzgado casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año, viajando a Honduras para realizar entrevistas y revisar material de casos.
"Lo que el ministerio público aún tiene que hacer es acusar formalmente a las personas que contrataron a Bustillo para que planifiquen la operación", dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisó el caso a pedido de la familia de la Sra. Cáceres. El informe de los abogados, que The New York Times ha obtenido, se dará a conocer el martes.
La investigación del gobierno, por parte de una unidad de élite en la fiscalía general hondureña, permanece abierta, aunque el grupo de abogados dijo que no había señales de que hubiera progresado más allá de los ocho sospechosos.
Dos asesores estadounidenses, un detective de homicidios retirado y un ex fiscal federal, han estado trabajando con las autoridades hondureñas desde los primeros días de la investigación, como parte de un esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos para presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que resolviera casos criminales de perfil.
Muchos de esos casos involucran grupos poderosos que según los críticos operan más allá de la ley. "El gran desafío para Honduras es desmantelar estas fuerzas paralelas", dijo el Sr. Urbina, un experto en justicia penal de Guatemala y asesor en materia de reforma judicial.
Para preparar el informe, el grupo del Sr. Urbina examinó unas 40,000 páginas de mensajes de texto, que fueron recuperados por investigadores del gobierno hondureño desde tres teléfonos celulares, uno incautado en las oficinas de Desa y dos usados por el Sr. Rodríguez y el Sr. Bustillo.
Los mensajes, según el informe, muestran que los dos hombres permanecieron en contacto frecuente con tres ejecutivos de Desa de alto rango mientras rastreaban los movimientos de la Sra. Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. , conocido como Copinh.
Las conversaciones revelan, dijeron los abogados, que las órdenes de amenazar a Copinh y sabotear sus protestas provinieron de ejecutivos de Desa que ejercían el control de las fuerzas de seguridad en el área, emitían instrucciones y pagaban alimentos, alojamiento y equipo de radio de las unidades policiales.
"Hubo esta estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron la violencia, las amenazas y la intimidación", dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Derecho de los Derechos Humanos en la Universidad de California, Berkeley, y miembro del grupo de abogados.
Los otros miembros del equipo legal son un ex fiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han juzgado casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año, viajando a Honduras para realizar entrevistas y revisar material de casos.
Los abogados fueron
elegidos por Bertha Zúñiga, hija de la Sra. Cáceres, con recomendaciones del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización
latinoamericana de derechos humanos.
Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de la Sra. Cáceres este mayo por orden de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus conclusiones.
La pregunta, dijo la Sra. Altholz, fue por qué la fiscalía, que confiscó los teléfonos en abril y mayo del año pasado, no había actuado sobre "la calidad y la cantidad de información" que "ha tenido en su posesión durante el último año y medio."
Un portavoz de la oficina del fiscal general dijo que no podía comentar immediatamente.Para la hija de la Sra. Cáceres, el contenido de los mensajes solo refuerza la sensación de que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. "Tenían tanta confianza en la impunidad que hablaron abiertamente", dijo Zúñiga.
La compañía ha salido en defensa de su empleado, el Sr. Rodríguez, el gerente ambiental. Él es "un hombre de familia, honesto y trabajador, que se ve privado injustamente de su libertad", dijo la división de represas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico sin firma. La compañía "confía completamente en la inocencia del Sr. Rodríguez".
Desa obtuvo una concesión para construir una presa en el río Gualcarque en el oeste de Honduras en 2009. Por ley, la compañía tenía que consultar con la comunidad Lenca, pero Copinh se opuso al proyecto desde el principio, argumentando que la represa pondría en peligro los recursos hídricos de la comunidad. y sustento.
Desde el principio, Desa fue una creación extraña, dijo Juan Jiménez Mayor, el jefe de una comisión anticorrupción respaldada por la Organización de Estados Americanos. Tenía solo $ 1,200 en capital cuando ganó la concesión de la presa, junto con permisos de operación, derechos de agua y un contrato para vender energía a la compañía eléctrica estatal.
En 2011, miembros de la familia Atala, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares en la empresa y se unieron a la junta. La comisión del Sr. Jiménez ha comenzado a investigar los contratos de Desa, una medida que provocó una airada respuesta de los grupos empresariales hondureños.
Copinh luchó contra la presa en varios frentes. Presentó demandas legales, dirigió reuniones comunitarias y presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño que brinde medidas de protección a la Sra. Cáceres. Ella había estado recibiendo amenazas de muerte y sabía que hablaban en serio. Cuatro miembros de Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.
En 2015, ganó el Goldman Environmental Prize, que se otorga a los líderes ambientales de base. Pero no fue suficiente para protegerla.
Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de la Sra. Cáceres este mayo por orden de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus conclusiones.
La pregunta, dijo la Sra. Altholz, fue por qué la fiscalía, que confiscó los teléfonos en abril y mayo del año pasado, no había actuado sobre "la calidad y la cantidad de información" que "ha tenido en su posesión durante el último año y medio."
Un portavoz de la oficina del fiscal general dijo que no podía comentar immediatamente.Para la hija de la Sra. Cáceres, el contenido de los mensajes solo refuerza la sensación de que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. "Tenían tanta confianza en la impunidad que hablaron abiertamente", dijo Zúñiga.
La compañía ha salido en defensa de su empleado, el Sr. Rodríguez, el gerente ambiental. Él es "un hombre de familia, honesto y trabajador, que se ve privado injustamente de su libertad", dijo la división de represas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico sin firma. La compañía "confía completamente en la inocencia del Sr. Rodríguez".
Desa obtuvo una concesión para construir una presa en el río Gualcarque en el oeste de Honduras en 2009. Por ley, la compañía tenía que consultar con la comunidad Lenca, pero Copinh se opuso al proyecto desde el principio, argumentando que la represa pondría en peligro los recursos hídricos de la comunidad. y sustento.
Desde el principio, Desa fue una creación extraña, dijo Juan Jiménez Mayor, el jefe de una comisión anticorrupción respaldada por la Organización de Estados Americanos. Tenía solo $ 1,200 en capital cuando ganó la concesión de la presa, junto con permisos de operación, derechos de agua y un contrato para vender energía a la compañía eléctrica estatal.
En 2011, miembros de la familia Atala, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares en la empresa y se unieron a la junta. La comisión del Sr. Jiménez ha comenzado a investigar los contratos de Desa, una medida que provocó una airada respuesta de los grupos empresariales hondureños.
Copinh luchó contra la presa en varios frentes. Presentó demandas legales, dirigió reuniones comunitarias y presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño que brinde medidas de protección a la Sra. Cáceres. Ella había estado recibiendo amenazas de muerte y sabía que hablaban en serio. Cuatro miembros de Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.
En 2015, ganó el Goldman Environmental Prize, que se otorga a los líderes ambientales de base. Pero no fue suficiente para protegerla.
En noviembre de
2015, según el informe de los abogados, el ex jefe de seguridad, el Sr.
Bustillo, se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La
Esperanza y más tarde obtuvo un arma a través de Mariano Díaz Chávez, un ex
oficial de las fuerzas especiales hondureñas acusado de organizar el escuadrón
de asaltos que asesinó a la Sra. Cáceres.
Se planeó un intento de matar a la Sra. Cáceres a principios de febrero, pero suspendieron, dijeron los abogados. "La misión abortó hoy", escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. "Ayer, no pudimos".
El informe no nombró a los ejecutivos de Desa porque no han sido acusados por las autoridades hondureñas.
El Sr. Bustillo regresó a La Esperanza por varios días a fines de febrero y se reunió con el mismo ejecutivo el 2 de marzo. Temprano el 3 de marzo, después de que la Sra. Cáceres fuera asesinada, el Sr. Bustillo lo llamó nuevamente.
Se planeó un intento de matar a la Sra. Cáceres a principios de febrero, pero suspendieron, dijeron los abogados. "La misión abortó hoy", escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. "Ayer, no pudimos".
El informe no nombró a los ejecutivos de Desa porque no han sido acusados por las autoridades hondureñas.
El Sr. Bustillo regresó a La Esperanza por varios días a fines de febrero y se reunió con el mismo ejecutivo el 2 de marzo. Temprano el 3 de marzo, después de que la Sra. Cáceres fuera asesinada, el Sr. Bustillo lo llamó nuevamente.
Después del
asesinato, el Sr. Rodríguez, el gerente de medio ambiente, envió detalles del
informe de la escena del crimen que la policía le había proporcionado a uno de
los ejecutivos de la compañía.
"Sergio, relájate", escribió otro ejecutivo a través de WhatsApp, unos días después. "Todo saldrá O.K. verás. No entre en pánico y páselo a otras personas ".
"Sergio, relájate", escribió otro ejecutivo a través de WhatsApp, unos días después. "Todo saldrá O.K. verás. No entre en pánico y páselo a otras personas ".
