El Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaron
a cabo este día, 11 de julio de 2017, conferencia de prensa referente al manejo
de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, en las instalaciones del
Movimiento Amplio en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
Con
las intervenciones de Bertha Zúniga Cáceres, actual coordinadora
general del COPINH e hija de Berta Cáceres y de Víctor Fernández,
abogado, integrante del equipo de abogados del Movimiento Amplio
encargado de la causa, manifestaron sus posturas en relación a las
reacciones mostradas por el Estado de Honduras en el marco del examen del
Comité de Derechos Humanos de la ONU los recién pasados 5 y 6 de julio de 2017
en Ginebra, Suiza.
Diversos
representantes del Estado de Honduras, como parte de la decisión de provocar
impunidad en el asesinato, de forma inmediata a la presentación del informe
alternativo presentado por diversas organizaciones de sociedad civil de
Honduras en el marco del examen, realizaron intervenciones públicas afirmando
que la ONU ha sido objeto de desinformación por parte de "malos
hondureños" que pretenden que se condene al Estado de Honduras
por violaciones de derechos humanos y que este ente ha estado recibiendo
información equivocada respecto de los avances en la investigación del
caso.
El
Estado pretendió y pretende instalar en la opinión pública nacional e
internacional que se han provocado avances sustanciales y que,
hasta la fecha se han identificado dos autores intelectuales del asesinato,
entendiendo que la apertura a juicio oral y público en contra de cuatro de los
imputados es también un logro. Sin embargo, desconoce en sus intervenciones y
en su accionar desde el sistema de justicia la reiterada y oportuna solicitud
planteada por el equipo legal, las víctimas y diversos países y pueblos del
mundo de abrir las líneas investigativas hacia personalidades públicas
del país y altos mandos del gobierno en curso los cuales han sido evidenciados
en sus múltiples vinculaciones con los actos de corrupción mediante los cuales
se aprueban e instalan los proyectos extractivos en el país.
En ese
marco, oportunamente el equipo legal de la causa y el COPINH han hecho públicas
sus consideraciones y valoraciones frontales a fin de evidenciar una vez más
las falacias del Estado de Honduras a través de sus representantes y denunciar
todo su accionar como parte de la procura de dilación e impunidad en el
asesinato de mayor impacto de este tiempo.
A
continuación, compartimos el posicionamiento íntegro.
Exigimos
romper el pacto de impunidad que goza la élite política, económica y
gubernamental que asesinó a Berta Cáceres
El Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y
el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a
través del equipo de abogados que participa en el proceso administrativo y
judicial, en relación al crimen en contra de Berta Cáceres y
la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, a la sociedad hondureña, al
Estado y gobierno de Honduras y la comunidad internacional, nos dirigimos para
expresar y exigir lo siguiente:
1.
Como consecuencia del examen realizado por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU al Estado de Honduras, el pasado 5 y 6 de
julio, 2017 y luego de 16 meses del crimen contra Berta Cáceres y la tentativa
en contra de Gustavo Castro, el gobierno hondureño ha reaccionado, acusando a
las organizaciones de derechos humanos de brindar informes falsos y
tergiversados sobre el caso y anunció sanciones en contra de sus “críticos”.
2.
La virulenta reacción gubernamental ha sido acompañada por
publicaciones desde varios espacios en las redes sociales en los que se
estigmatiza y criminaliza a Bertha Zúniga Cáceres, al COPINH y
otras organizaciones sociales que hacemos denuncias reales, una oposición digna
y demandamos justicia integral ante este crimen.
3.
A pesar de la agresiva reacción del gobierno hondureño, hoy con
mayor certeza reafirmamos que quienes idearon y decidieron asesinar a Berta
Cáceres siguen gozando de total impunidad y mantienen, hasta ahora, bajo su
control la investigación del crimen. Las recientes actuaciones así lo
demuestran.
4.
El mismo Ministerio Público reconoció que a Berta Cáceres
la mataron por su lucha en la defensa de los bienes naturales y de los
derechos de los pueblos indígenas y el mismo Ministro de Seguridad reconoció
que ellos no protegieron su vida como era su deber, sobre todo porque ella era
objeto de medidas cautelares emanadas por la CIDH.
5.
Pese al proceso legal que se les sigue a 8 personas en relación a
este caso, la impunidad se mantiene y se agrava. Un dato que lo prueba es que aunque
DESA, que es la principal corporación vinculada al crimen, ninguno de sus
socios o accionistas está sometido al proceso judicial. Es tanta la
impunidad que, a pesar de los vínculos con el crimen, DESA sigue siendo dueña
de la concesión del río Gualcarque, incluso la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de inconstitucionalidad
interpuesta contra ese proyecto, siendo notoria la violación a los derechos del
pueblo Lenca establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de
la OIT.
6.
Es vergonzosa la posición del Ministerio
Público que ante el Comité de DDHH de la ONU dice
que ya se han capturado a autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres,
cuando en Honduras no son capaces de desarrollar un proceso objetivo y de
detener a los ejecutivos de DESA. Y luego tilda de mentirosas las fundadas
críticas contra el irregular proceso que desarrolla.
7.
La misma empresa DESA y los bancos FMO, Finn Fund y BCIE que
han financiado el criminal proyecto de Agua Zarca han anunciado su salida o
suspensión de actividades debido a la resistencia que hace el Pueblo Lenca, el
COPINH y las organizaciones nacionales e internacionales, nunca por una
decisión del Estado o del gobierno hondureño, extremo que reitera la colusión
institucionalizada entre gobierno y DESA.
8.
Los operadores de justicia que criminalizaron a Berta Cáceres,
los que crearon la falsa hipótesis de que había sido asesinada por razones
“pasionales” o por conflictos internos en el COPIHN, los que hasta la fecha
sostienen una ilegal secretividad de la investigación, no solo están asegurando
impunidad a la estructura criminal que ejecutó el asesinato, también se están
asegurando la propia, manteniendo bajo su control la investigación de la causa.
9.
La más alta estructura del gobierno de Honduras, al continuar
rechazando el apoyo de una misión internacional de expertos,
auspiciada por la CIDH, que investigue el crimen, sigue dando muestra de su más
alto compromiso para que este crimen quede en la impunidad.
En
fin, los datos sobre la impunidad en el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo
Castro abundan y los funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras son
hasta confesos de sus responsabilidades.
Por eso
resulta condenable que cuando la impunidad es expuesta en foros internacionales
de derechos humanos, la reacción del gobierno y Estado de Honduras sea la
descalificación, la estigmatización, la amenaza, la revictimización y las
campañas para colocar en mayor indefensión a quienes decidimos luchar para
defender los derechos humanos y para que en nuestro país vivamos en permanente
dignidad y justicia.
COPINH
y el MADJ exigimos y nos seguimos comprometiendo a romper el pacto de
impunidad del que hoy goza la élite política, económica y gubernamental que
asesinó a Berta Cáceres. Ningún discurso, ni las acciones de terror, viejas y
nuevas, van a interrumpir la fuerza ética y moral que encarnamos para seguir
demandando justicia.
Con la
misma fuerza de Berta, seguiremos exigiendo verdad y justicia integral ante su
crimen. La salida total y definitiva del Proyecto Agua Zarca y los demás
proyectos extractivos que afectan al territorio lenca y al territorio hondureño
en general.
San Pedro
Sula, Cortés y La Esperanza, Intibucá– Honduras, 11 de julio, 2017.
