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Demócratas
presentan ley para retirar fondos a Honduras tras caso de Cáceres
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Congreso No. 115th,
Primera Sesión
La Ley “Berta
Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras
Para suspender
asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen
las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados
ante la justicia.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 2 de Marzo, 2017
El Sr. Hank Johnson
(en representación de sí mismo y sus cosponsores en la lista adjunta] presentó
el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al PROYECTO DE LEY Para
suspender la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos con Honduras
hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la
justicia.
SECCIÓN 1. TÍTULO
BREVE. Este proyecto de ley puede ser citado como el “Proyecto de Ley Berta
Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.
(1) Se ha
establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta
y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura,
violación, detención ilegal, y asesinato.
(2) El New York
Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la
policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de
narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011,
respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la
policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el
Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había
manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos.
(3) Integrantes de
la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves
violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos
dentro de la policía,
(4) Organismos
internacionales de derechos humanos denuncian que la policía y fuerzas
militares en Honduras cometan violaciones a los derechos humanos, incluyendo
asesinatos, con impunidad. La Associated Press ha documentado la actividad de
escuadrones de la muerte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch:
“El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un
problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado
caracterizadas por la ineficiencia y corrupción. Se difunde muy poca
información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.
(5) Según el
informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en
Honduras: “La impunidad [...] sigue siendo un problema grave, dado que el
enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de
violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin
resolución”.
(6) Los repetidos
esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado. Una comisión recién
creado para depurar la policía reporta que ha separado un número de policías.
Sin embargo, hasta la fecha ha sido minimo y simbolico el progreso en el
efectivo enjuiciamiento de miembros de la policía involucrados en corrupción y
abusos de los derechos humanos y los separaciones reportados no has sido
verificados de manera independiente. Todavilla hace falta realizar reformas
duradederas y fundamentates de la policía.
(7) Derechos en
Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras
presuntamente participó con la policía y fuerzas de seguridad privadas en
algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del
Aguán desde el año 2000. En 2015, Human Rights Watch confirmo que los
asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total. Hasta
la fecha, existe una sentencia contra un actor privado. Asesinatos de
activistas claves, continuan. En Octubre 2016, José Ángel Flores, el Presidente
del Movimiento Campesino Unificado del Aguan (MUCA) y Silmer Dionisio George,
otro miembro de MUCA fueron asesinados.
(8) Abundan otros
ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en
Julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García,
un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente
contra un proyecto hidroeléctrico; en Mayo de 2014 se informó que nueve
miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz
y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la
impunidad. En un caso emblemático, el 27 de Diciembre 2105, se informó que
miembros de las fuerzas navales de honduras mataron a Joel Palacios Lino y
Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a
sacar un carro de la arena en una playa. El caso sigue en impunidad un año
después.
(9) El actual
gobierno de Honduras ha expandido funciones militares para incluir tareas de la
policía domestica incluyendo la creación de una Policía Militar de 3.000
miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados
desastrosos, incluyendo los asesinatos de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en
2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en 2014, después de
pasar desarmados por puestos de control, y el asesinato de Edgardo Moreno
Rodriquez, 17 años de edad, el 2 de enero, 2017. Desde la creación de la
Policía Militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de
los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights
Watch. In 2016, se anunció la creación de dos batallones nuevas de la Policia
Millitar.
(10) Se ha
documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de
corrupción. Jueces, fiscales y otros officiales están interconectados con el
crimen organizado y con narcotraficantes, contribuyendo a una situación
impunidad casi total;
(11) El
Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en
Honduras constata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad
institucional del sistema judicial resulta en impunidad generalizada”;
(12) Resumiendo la
situación, Human Rights Watch en el 2016 reporta que “el crimen descontrolado y
la impunidad para las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma
en Honduras [...] Esfuerzos para reformar las instituciones responsables de
proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la
corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran
medida ineficaz.”
(13) El 2 de marzo
del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista Lenca, Berta
Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental
Goldman el 2015 en reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos
indígenas a la tierra y en contra de un proyecto para una represa
hidroeléctrica. Su asesinato ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras
y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del
COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,
había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero
ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una
protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido
retirada el día de su muerte.
(14) A partir de
Febrero 2017, ocho sospechosos en el asesinato de Cáceres han sido detenidos,
de los cuales uno es un oficial activo del ejército y otros tres son militares
en retiro. Estas detenciones levantan serias preguntas sobre el papel de los
militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de
las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores
intelectuales del asesinato;
(15) El gobierno de
Honduras continúa indebidamente a limitar acceso por parte de la familia de la
Sra. Cáceres al expediente de su caso, cuando deben tener acceso según la ley.
Finales de Septiembre 2016, el archivo original del caso fue permitido salir
del Ministerio Publico y fue robado.
(16) A pesar de los
llamados de 62 miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el
COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre
la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha
permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una
investigación independiente del caso.
(17) En este
contexto de corrupción y abusos de derechos humanos, sindicalistas,
periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y
activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y personas que crítican al
gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos
humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad.
(18) El 2 de mayo
de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina. Su
caso ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que lo
dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso
de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la
élite, y a uno de los fiscales en el caso.
(19) La Ley de
Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las
fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento adicional
proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016.
Además, la solicitud para financiamiento de la Administración para el año
fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en
Honduras.
(20) El Banco
Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía
hondureña, con el aval de los EE.UU.
Sección 3.
SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA
DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.
(a) LA SUSPENSIÓN
DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD -- No se permite destinar fondos a la
República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo
fondos para equipo y entrenamiento.
(b) LOS PRÉSTAMOS
DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES -- Se instruirá al Departamento del
Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las
fuerzas armadas de la República de Honduras.
Sección 4.
CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES. Las disposiciones
de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y
certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras –
(1) ha perseguido
todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de
quienes ordenaron y ejecutaron –
(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
(b) los asesinatos de más de 100 activistas
campesinos en el Valle del Aguán
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis
Armando García el 27 de diciembre de 2015;
y (d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo
de 2016;
(2) ha investigado
y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la
policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos
humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando
en estos casos, y que han cesado tales violaciones;
(3) ha retirado las
fuerzas militares de las tareas de la policía doméstica, de conformidad con la
Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la
policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de
Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;
(4) ha establecido
que se protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas;
periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas,
afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas
de la sociedad civil para que actúen sin interferencias;
y (5) ha tomado medidas
efectivas para establecer plenamente el estado de derecho y para garantizar un
sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia
a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a
los derechos humanos.
