LEY BERTA CACERES sobre los Derechos Humanos en Honduras (HR1299)

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Demócratas presentan ley para retirar fondos a Honduras tras caso de Cáceres
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Congreso No. 115th, Primera Sesión
La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras
Para suspender asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 2 de Marzo, 2017

El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo y sus cosponsores en la lista adjunta] presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al PROYECTO DE LEY Para suspender la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE. Este proyecto de ley puede ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

Sec. 2. DETERMINACIONES. El Congreso determina que:

(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.

(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos.

(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,

(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian que la policía y fuerzas militares en Honduras cometan violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, con impunidad. La Associated Press ha documentado la actividad de escuadrones de la muerte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.

(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad [...] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.

(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado. Una comisión recién creado para depurar la policía reporta que ha separado un número de policías. Sin embargo, hasta la fecha ha sido minimo y simbolico el progreso en el efectivo enjuiciamiento de miembros de la policía involucrados en corrupción y abusos de los derechos humanos y los separaciones reportados no has sido verificados de manera independiente. Todavilla hace falta realizar reformas duradederas y fundamentates de la policía.

(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. En 2015, Human Rights Watch confirmo que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total. Hasta la fecha, existe una sentencia contra un actor privado. Asesinatos de activistas claves, continuan. En Octubre 2016, José Ángel Flores, el Presidente del Movimiento Campesino Unificado del Aguan (MUCA) y Silmer Dionisio George, otro miembro de MUCA fueron asesinados.

(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en Julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en Mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático, el 27 de Diciembre 2105, se informó que miembros de las fuerzas navales de honduras mataron a Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa. El caso sigue en impunidad un año después.

(9) El actual gobierno de Honduras ha expandido funciones militares para incluir tareas de la policía domestica incluyendo la creación de una Policía Militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo los asesinatos de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en 2014, después de pasar desarmados por puestos de control, y el asesinato de Edgardo Moreno Rodriquez, 17 años de edad, el 2 de enero, 2017. Desde la creación de la Policía Militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch. In 2016, se anunció la creación de dos batallones nuevas de la Policia Millitar.

(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros officiales están interconectados con el crimen organizado y con narcotraficantes, contribuyendo a una situación impunidad casi total;

(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras constata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial resulta en impunidad generalizada”;

(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 reporta que “el crimen descontrolado y la impunidad para las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras [...] Esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz.”

(13) El 2 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista Lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 en reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra y en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica. Su asesinato ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.

(14) A partir de Febrero 2017, ocho sospechosos en el asesinato de Cáceres han sido detenidos, de los cuales uno es un oficial activo del ejército y otros tres son militares en retiro. Estas detenciones levantan serias preguntas sobre el papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;

(15) El gobierno de Honduras continúa indebidamente a limitar acceso por parte de la familia de la Sra. Cáceres al expediente de su caso, cuando deben tener acceso según la ley. Finales de Septiembre 2016, el archivo original del caso fue permitido salir del Ministerio Publico y fue robado.

(16) A pesar de los llamados de 62 miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso.

(17) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y personas que crítican al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad.

(18) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina. Su caso ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que lo dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso.

(19) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento adicional proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016. Además, la solicitud para financiamiento de la Administración para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras.

(20) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.

Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.

(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD -- No se permite destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.
(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES -- Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.

Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES. Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras –

(1) ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron –
(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
(b) los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015;
y (d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;
(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;
(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía doméstica, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;
(4) ha establecido que se protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias;
y (5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.