Tegucigalpa,
19 de mayo del 2017.- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos convocó ayer a una reunión de trabajo en
Tegucigalpa, para revisar avances y obstáculos en el cumplimiento de las
medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres, la activista
asesinada en el 2016, y al COPINH, la organización que lideraba.
Sin embargo, los
representantes del Ministerio Público ¾responsables
de la investigación por el asesinato de la defensora de derechos humanos¾, ni
siquiera se presentaron. Ante este desplante, que no es la primera vez que
ocurre, los familiares de Berta Cáceres, integrantes
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
y sus representantes legales ¾el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)¾, se negaron a participar en la reunión.
“Para nosotros esta
visita era un momento importante, en donde esperábamos encontrar respuesta a
las preguntas que le hemos planteado a Honduras en repetidas ocasiones. Esto
demuestra que el Estado no quiere resolver qué paso con mi mami. Esta acción extraordinaria por parte del comisionado no tuvo significación para los
representantes del Ministerio Público de Honduras que, de nuevo, nos dan la espalda”, declaró Berta Zúñiga,
hija de la defensora asesinada.
El comisionado James
Cavallaro viajó especialmente a Tegucigalpa para dar seguimiento al proceso, iniciado
en el 2016 cuando la CIDH estimó necesario otorgar medidas especiales de
protección.
Asunción Martínez,
representante del COPINH también expresó su malestar a la CIDH y condenó el
silencio del Estado, así como los actos de criminalización y estigmatización
que sufren por su lucha en defensa del territorio.
Marcia Aguiluz, directora
de CEJIL para el programa de Centroamérica y México, expresó por su parte: "Esta
ausencia reiterada de parte del Ministerio Público confirma la falta de
transparencia que envuelve el caso de Berta y la falta de voluntad política
para llevar a cabo una debida diligencia que permita esclarecer la autoría
intelectual de este crimen”.
Finalmente, Víctor Fernández, representante del proceso legal interno y
miembro del equipo legal del Movimiento Amplio, expresó: “Esta omisión y
desinterés del Estado, demostrado tanto a la CIDH y como a las víctimas, es
para nosotros un indicio más de la aparente colusión entre los autores
intelectuales del crimen y el gobierno hondureño”.
La lideresa lenca fue asesinada hace más de un año y el Estado hondureño
sigue sin atender las demandas de la familia de Berta Cáceres y sin cumplir con
su deber de llevar a cabo una investigación transparente que encuentre a los
responsables tanto materiales como intelectuales del crimen, así como que cese
la concesión de terrenos para el proyecto de Agua Zarca.
