El FMO y su informe mentiroso

(abajo en francés) El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Este informe busca desacreditar la resistencia legítima que han presentado las comunidades de Río Blanco en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mediante la criminalización del COPINH, las comunidades indígenas y sus liderazgos.

Al mismo tiempo busca deslegitimar la búsqueda de justicia en el asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres quitando las responsabilidades que claramente tiene DESA, e incluso el documento promueve la reapertura del proyecto.

El COPINH rechaza, una vez más la imposición de las ideas occidentales acerca del “desarrollo” enmascarado en el capitalismo verde que en realidad significa el saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad.

El informe trata al proyecto Agua Zarca como una solución mágica para los problemas de las comunidades, obviando que los beneficiados son los grupos económicos que en complicidad con las autoridades imponen su beneficio económico sin importar cuántas vidas cueste, arrojando migajas para las comunidades, las cuales debemos suponer que reemplazan las responsabilidades del Estado.

El Convenio 169 de la OIT, al igual que los demás instrumentos jurídicos, han sido producto de las luchas de los pueblos indígenas del mundo por el reconocimiento de nuestros derechos y su letra no puede ser tergiversada al beneficio de las empresas, los bancos o el Estado. El informe busca quitarle las responsabilidades a DESA y a los bancos, en especial al FMO, en la violación de la Consulta y Consentimiento, Libres, Previos e Informados (CLPI).

Agua Zarca es un proyecto aprobado por el Estado, sin consulta a las comunidades afectadas ni a sus organizaciones. Por lo cual desde su origen es ilegal e ilegítimo, y los funcionarios quienes firmaron cualquier contrato o disposición son igual de responsables por la violación a la CLPI y sus resultados en Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres. Jonathan Laínez, exvice-ministro de SERNA y Martiniano Domínguez, exalcalde de Intibucá, están siendo procesados por abuso de autoridad en la violación a la CLPI por los permisos otorgados a DESA sobre el Río Gualcarque. Exigimos castigo por esa violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.

La Misión del FMO se parcializó para favorecer a los actores involucrados en la violación de los derechos del pueblo de Río Blanco y construyó un discurso que respalda las nefastas actuaciones de la empresa. La Misión ignoró y desestimó testimonios de personas e instituciones claves para entender el contexto de violencia y conflictividad creado por la empresa y el Estado hondureño. E incluso evitó hablar con la familia de nuestra compañera Berta Cáceres aún cuando su tarea es producto de su vil asesinato y la vinculación de DESA en este.

La violencia sufrida en las comunidades de Río Blanco ha sido producto de la instauración de un modelo de terror paramilitar y división implantado desde la empresa DESA, dirigida por su gerente, militar de inteligencia, David Castillo, en complicidad con todos los niveles del Estado (Ejecutivo, congreso, alcaldes municipales), para imponer a toda costa un proyecto que no brinda beneficios a las comunidades, sino muerte y destrucción.

La responsabilidad de la violencia recae en las actuaciones de esta empresa y su alianza con las instituciones estatales que han agredido, humillado y asesinado con impunidad. Sin embargo, el informe de la misión del FMO busca alegar que la violencia proviene de las comunidades y criminaliza al COPINH. El informe ignora la naturaleza sistemática de la violencia, lo cual incluye los asesinatos de cuatro miembros de COPINH, así como los cientos de casos de intimidación y agresiones por parte guardias de seguridad, policías y militares contra las comunidades.

Este informe es sacado a la luz con el objetivo de tergiversar la verdad acerca del proyecto de muerte Agua Zarca y permitir que DESA/Agua Zarca continúen sembrando la muerte para lucrarse.

La Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU, ha expresado en su reciente informe acerca de la situación de los pueblos indígenas en Honduras “El Caso de Río Blanco es emblemático de la situación de violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia que amenaza a los pueblos indígenas de Honduras, particularmente en relación con los proyectos de inversión”. Y ha añadido; “Deben profundizarse las líneas de investigación del asesinato de Berta Cáceres respecto a la posible participación de personas adicionales, incluyendo empleados y agentes de la empresa y agentes estatales, policiales, militares y de seguridad privada”.

Sabemos que se está desarrollando toda una estrategia mediática a nivel nacional para limpiar la imagen de DESA/Agua Zarca y poner en funcionamiento el proyecto, con la aparición de figuras indignas y vendidas como Elsia Paz entre otras.

El COPINH deja claro que no vamos a permitir de ninguna manera que Agua Zarca continúe y que se sigan despojando nuestros territorios. Nuestra búsqueda de justicia por Berta será inagotable y todos los responsables deben ser castigados.

Exigimos que el FMO, Finn Fund, y el BCIE se retiren de manera inmediata y definitiva del Proyecto Agua Zarca.  Exigimos la cancelación inmediata del Proyecto Agua Zarca en el sagrado Rio Gualcarque.

Seguimos en pie de lucha. Por Berta y por todos y todas nuestras mártires. Por nuestros ríos, bosques y montañas. Por todas las comunidades que resistimos este sistema capitalista, racista y patriarcal.

En el documento adjunto se amplían las inconsistencias, sesgos, y errores del informe de la misión del FMO, solicitamos a la solidaridad nacional e internacional su difusión y apoyo.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado a los 30 días del mes de septiembre de 2016.

AQUI PUEDEN LEER EL DOCUMENTO ADJUNTO COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO

_____________________________

Le COPINH rejette le rapport de la Mission du FMO

Le COPINH rejette catégoriquement le rapport tendancieux de la Mission du FMO,  qui cherche à laver l’image du projet Agua Zarca et à occulter la violence systématique imposée par le projet. Le rapport tente, de façon évidente, de justifier la continuation du projet Agua Zarca suite à l’assassinat de notre Coordonnatrice générale Berta Caceres et à discréditer, minimiser et criminaliser le COPINH et la digne opposition au projet Agua Zarca. De manière sélective, le rapport choisit de répéter les allégations et la narrative de DESA, sans même vérifier les faits, tandis qu’il exclut de l’information importante qui remet en question cette narrative et qui reflète la véritable et désastreuse réalité du projet hydroélectrique Agua Zarca.

Nous condamnons les efforts déployés par le rapport afin de déformer l’histoire et d’ignorer la responsabilité de DESA et des banques qui subventionnent le projet face à la violence dans la zone, cherchant à blâmer les communautés.  Le rapport ignore la violence et la répression systématique de la part de personnes liées à DESA, en complicité avec les agents de l’État du Honduras, avec l’objectif de faire taire l’opposition au projet.

Nous rejetons l’imposition forcée d’idées occidentales en ce qui a trait au développement qui signifie en fait le saccage du territoire Lenca, de notre cosmovision et de notre spiritualité. Le rapport parle du projet Agua Zarca comme étant une solution magique pour le « développement » qui doit être imposée, peu importe le coût en vies humaines.

Nous dénonçons le fait que ce rapport ait été créé afin de servir les intérêts du FMO et du projet Agua Zarca. Il contient de nombreuses erreurs et distorsions qui pourraient faire l’objet d’un rapport en soi. Il est tout d’abord important de clarifier les informations suivantes :

• La banque FMO a choisi et orienté les membres de la Mission. Le parti pris envers le FMO était flagrant dans les commentaires d’un des membres de la mission lors du premier jour de la visite, avant même d’avoir visité les communautés. D’après ce que nous avons compris, le FMO a financé la Mission.
• La visite de la Mission aux communautés affectées par le projet Agua Zarca fut extrêmement courte et superficielle.  Il n’y a eu ni assez de temps ni la capacité de vérifier ou enquêter les allégations.
• La Mission n’a visité que pendant deux heures la communauté « La Tejera » et n’a pas eu le temps de recueillir des témoignages des victimes de représailles et  de violence suite à leur opposition au projet. De plus, le temps n’a pas été pris afin de comprendre la culture Lenca, qui s’est vue méprisée par le rapport, ni pour comprendre l’importance de la rivière Gualcarque pour le peuple Lenca. Les membres du COPINH à Rio Blanco ont, en fait, invité la Mission à visiter avec eux la rivière sacrée Gualcarque afin de voir les impacts du projet, et la réponse de la Mission a été qu’elle n’avait pas le temps de s’y rendre.
• La Mission a exclu le témoignage de personnes s’opposant au projet Agua Zarca dans les communautés autres que « La Tejera » et n’a pas assuré un lieu ou un mécanisme sécuritaire afin que les personnes de ces communautés puissent échanger sur les problèmes dus au projet, sans craindre de représailles. Le rapport répète le discours de DESA selon lequel toutes les communautés, sauf celle de « La Tejera », appuient le projet alors qu’en réalité, la visite a été organisée de manière à ce que se soit extrêmement dangereux pour toute personne qui parlerait contre le projet. De plus, la Mission a littéralement ignoré des témoignages présentés ou qui ont tentés d’être présentés. Cela est mis en évidence par le fait que:
• La Mission a complètement ignoré le témoignage fait par un résident du Valle de Angeles dont la maison a été brulée et sur lequel des hommes violents liés à DESA ont tiré à cause de son implication dans la lutte contre le projet Agua Zarca.
• Malgré avoir été informée de la présence d’hommes violents dans le Valle de Angeles à travers des histoires d’attaques et de menaces contre les opposants au projet Agua Zarca, la Mission a tenue sa seule rencontre avec des membres de 5 communautés affectées à Valle de Angeles, rendant ainsi improbable la réception de témoignages contre le projet étant donné le risque pour les participants d’être attaqués en représailles de leur témoignage.
• La Mission n’a créé ni espace ni mécanisme sécuritaire afin que les opposants au projet Agua Zarca d’autres communautés puissent donner leur témoignage, malgré qu’elle ait été informée de la violence et des persécutions vécues par ces personnes. Par exemple, la Mission aurait facilement pu fournir un numéro de téléphone afin que les personnes désirant laisser un témoignage, mais qui avaient peur de le faire considérant les circonstances de la réunion, auraient pu le faire par téléphone ou s’entendre sur une réunion confidentielle. La Mission n’a pas pris ces mesures, malgré que le COPINH l’ait informé de l’historique de violence de la part d’hommes liés à DESA.
• La Mission a refusé de prendre le témoignage de personnes ayant eu des problèmes avec DESA à San Francisco de Ojuera, dont les informations leur avaient été données. Elle n’a fait preuve d’aucune volonté d’écouter ces personnes, même après qu’une d’elles ait appelé un membre de la Mission afin de rendre son témoignage.
• Selon sa propre estimation, seulement 30 personnes ont pris la parole lors des réunions communautaires de la Mission, représentant supposément 7 communautés (La Tejera, El Barrial, Valle de Ángeles, San Ramón, Santa Fe, La Estancia, y La Leona). À La Tejera, de 8 à 10 personnes sont intervenues, c’est-à-dire qu’environ 20 à 22 personnes ont pris la parole pour représenter 6 communautés, donc environ 3 à 4 personnes par communauté, ce qui est loin d’être suffisant pour définir l’opinion d’une communauté entière. En se basant sur un échantillon si limité, sans prendre en considération les employés de DESA ou les employés liées à DESA ayant un historique de violence contre les voix opposantes, la Mission fait des conclusions de grande portée, de façon effrontée.

• La Mission ne s’est pas réunie avec des acteurs importants qui auraient pu fournir de l’information importante sur les violations des droits humains reliés au projet Agua Zarca.

• La Mission ne s’est pas réunie avec le Ministère spécial des ethnies et du Patrimoine culturel, malgré la recommandation du COPINH en ce sens. Le fait que le Ministère spécial soit l’entité gouvernementale qui traite les poursuites légales reliées au projet Agua Zarca, incluant les poursuites contre l’ex-maire d’Intibuca et l’ex-ministre de la SERNA pour avoir autorisé les permis au projet Agua Zarca, violant ainsi le droit du peuple Lenca à une consultation libre, préalable et éclairée.

• La mission ne s’est réunie avec personne lié à l’enquête ou au processus judiciaire dans le cas de l’assassinat de Berta Caceres, et n’a pas cherché à enquêter ou à comprendre le contexte et l’histoire derrière les menaces contre Berta, liées à DESA.
• De la même manière, la Mission ne s’est pas réunie avec la famille de Berta Caceres, malgré le fait que le rapport ait été motivé par son assassinat. Heureusement, une des filles de Berta était avec le COPINH lors de la visite de la Mission. Celle-ci a tenté de s’esquiver avant que la fille de Berta prenne la parole et il a fallu lui demander de rester afin de l’écouter.
• La mission ne s’est pas réunie avec d’autres acteurs recommandés par le COPINH, incluant des organisations de droits humains au Honduras qui ont suivi la situation.

• La Mission cite le maire de La Esperanza en affirmant « le besoin d’investissement privé dans la zone », malgré le fait qu’il n’ait pas de juridiction dans la zone touchée par le projet.
• Dans le document, la Mission du FMO contribue à la criminalisation du COPINH et des actions de protestation des communautés de Rio Blanco qui s’opposent à l’imposition du projet, en faisant des affirmations sans aucun appui argumentatif et en répétant de graves propos faits par des personnes liées à DESA, sans enquêter ni vérifier les faits. Malgré le fait que le COPINH ait dénoncé publiquement la campagne de criminalisation dont il est la cible de la part de DESA et de l’État du Honduras, le rapport ne l’a pas considéré dans son rapport, tout comme les dénonciations publiques des organisations de droits humains concernant les processus judiciaires illégitimes contre Berta Caceres menés par Desa et l’État.

• « Ceux qui sont en faveur du projet craignent que si le FMO se retire, se serait une réponse positive aux actes de violence commis contre celui-ci et validerait leur démarche pour freiner le projet. » page 34.

• Le rapport ignore la nature systématique de la violence, les menaces de mort et la répression de la part de personnes liées à DESA et ses employés contre ceux qui s’opposent au projet. Il ignore également le contrôle exercé dans la région par la violence, et l’impact de celui-ci sur les habitants qui sont disposés à parler contre le projet. La section « accusations de violence, intimidation et corruption » est des plus superficielle et ne considère ni enquête pas la majorité des attaques et des incidents. Il est important de souligner que :

• Le rapport ne mentionne même pas les assassinats de Wiliam Jacobo Rodriguez et Maycol Rodriguez, tous deux membres du COPINH.
• Durant sa visite à Rio Blanco, la Mission n’a pas eu la prudence de recueillir les témoignages des victimes de violence et de menaces de la part d’employés de DESA.
• Le rapport ignore les communiqués publics du COPINH en ce qui a trait aux menaces, aux attaques, aux tueurs à gage et aux assassinats reliés au projet Agua Zarca, tout comme les autres articles et entrevues publiques sur la violence et les menaces dans la région, ainsi que le document envoyé à la Mission dans lequel sont détaillés plusieurs de ces incidents. Une véritable analyse de la répression systématique et des tueurs à gage dans la région dévoilerait la nature de DESA comme étant une source d’agressions, de violence et de terreur.
• Le rapport « blâme la victime ». Elle attribue littéralement la violence dans la région au « mécontentement de la communauté de La Tejera face au processus de socialisation » et à d’autres facteurs, aucun qui puisse réellement expliquer les incidents violents. Il suggère que les communautés s’attaqueraient violemment entre elles, tandis que DESA ne fait rien et ne peut exprimer qu’une « surprise totale » face à la poursuite contre un des membres de son exécutif dans le cas de l’assassinat de Berta Caceres. Le rapport ne considère en aucun moment que DESA puisse être la cause de violences ni le fait que des employés et des personnes liées à DESA aient menacé et attaqué ceux et celles qui s’opposent au projet depuis des années. Il exclue la réalité de terreur et de répression imposée par DESA, en complicité avec l’état du Honduras, afin de faire taire les opposants au projet.

• Le rapport déforme et manipule les conceptions en ce qui concerne les obligations internationales définies dans la Convention 169 de l’OIT et dans la déclaration des Nations-Unies sur les Droits des peuples autochtones.

• Dans le cas de la concession au projet hydroélectrique Agua Zarca de l’entreprise DESA sur la rivière Gualcarque, il n’y a pas eu de processus de consultation et consentement libre, préalable et éclairé. Il est important de souligner que les actions de l’état ont été postérieures à l’approbation du projet. De plus, le rapport ignore complètement que le peuple Lenca de Rio Blanco s’est réuni en octobre 2010 et a déclaré son opposition au barrage sur la rivière Gualcarque, en la réitérant en 2011 lors de réunions avec le maire. Le projet a été imposé en violation de la volonté du peuple Lenca. Le rapport ignore l’opposition exprimée en 2010, malgré que la Mission en ait été informée à au moins deux reprises.
• La consultation préalable, libre et éclairée ne s’applique pas à la discrétion des entreprises, des banques et des États. Le Honduras a ratifié la Convention 169 qui est une norme internationale contraignante, c’est-à-dire qu’elle doit obligatoirement être respectée. La violation de ce droit fondamental des peuples autochtones constitue, en soi, une illégalité.
• La responsabilité d’assurer le respect des conventions internationales n’est pas la responsabilité exclusive des États, sinon aussi celle des entreprises et des banques. Le fait que l’État hondurien ne respecte pas la condition de consultation préalable, libre et éclairée avant d’accorder une concession signifie que les banques qui financent, comme la FMO, FinnFund et la BCIE n’auraient pas dû signer les contrats concernant cette concession. Nous dénonçons le fait que le rapport tente d’excuser les agissements des banques au lieu d’examiner ce qu’implique leur financement à un projet qui viole de manière flagrante les droits du peuple Lenca.
• L’absence de loi ou de régulation nationale pour l’implantation de la consultation préalable n’est pas un obstacle pour qu’elle soit respectée. Les conventions internationales sont des lois, en soi,  et doivent donc être respectées.

• « L’absence de régulation complique encore plus l’implantation de la convention pour les acteurs non-étatiques. Il a été observé que, conformément aux consultants (GIA et MFC), une consultation a été menée avec les organisations communales, dans l’absence des autorités traditionnelles tels qu’un conseil des anciens, ce qui servait au même intérêt.

• Le rapport tente de discréditer l’information fournie par le COPINH, mentionnant un manque de preuve ou de l’information insuffisante. Par exemple, le rapport prétend que « la Mission n’a reçu aucune preuve qui appuie la thèse de la falsification de signatures », quoi que les personnes dont les signatures ont été falsifiées aient dénoncé le fait dans un vidéo qui est disponible publiquement et dont le lien a été envoyé à la Mission par le COPINH. Cela contraste fortement avec l’information fournie par DESA ou les consultants préalables ; les allégations des consultants ou de DESA sont répétés comme étant des faits, sans avoir été vérifiés. C’est un exemple du déséquilibre et de l’inégalité qui ont caractérisé le processus du rapport.
• Le rapport répète les fausses allégations des consultants préalables selon lesquelles « il n’existe pas d’autorités traditionnelles dans les communautés Lenca », ce qui est ensuite contredit lorsqu’il admet que le COPINH les a informé de l’existence du Conseil autochtone et d’un Conseil des anciens. Étrangement, le rapport déclare que « la Mission n’a pas été informée sur ces entités et n’a pas eu l’opportunité de se réunir avec elles », malgré que le COPINH ait spécialement organisé une réunion entre la Mission et le Président du Conseil autochtone de Rio Blanco. D’autres membres du Conseil autochtone et du Conseil des anciens ont également parlé avec la Mission durant sa visite à Rio Blanco.
• Le rapport n’essaie même pas de comprendre la cosmovision autochtone ni les visions de développement basées sur l’autodétermination autochtone en harmonie avec les rivières et la Terre Mère. Il ne prend pas en compte le droit à l’autodétermination en ce qui a trait au modèle de développement. Le rapport opère à partir d’un point de vue occidental qui exclu la culture, la cosmovision et le mode de vie autochtone. Le rapport se base sur de fausses suppositions selon lequel le projet Agua Zarca serait une solution magique pour le « développement » et crée une fausse dichotomie entre pauvreté et projet, malgré le fait que le document même dit que la majorité des travaux sont à court terme. Nous rejetons l’imposition d’une vision occidentale et colonisatrice de « développement », qui représente en réalité saccage et destruction de notre territoire, de notre spiritualité et de notre cosmovision.

Le parti pris du rapport est le résultat d’une manipulation de la réalité afin de favoriser l’intérêt de justifier la continuation du projet.  Les problèmes détectés dans le rapport sont si nombreux que ce document ne permet pas de couvrir toutes les erreurs et manipulations. Le véritable intérêt du rapport était en fait de justifier le projet, malgré les pertes de vies humaines. Cela est illustré dans le commentaire qui dit « les créanciers auraient également pu insister sur une gestion de la communication plus stratégique et complète de la part de DESA lorsque l’opposition au projet a commencé à gagner du terrain au niveau international.  L’échec de DESA à gérer de manière adéquate et complète l’information sur le projet a permis aux opposants de gagner du terrain avec leur campagne, à obtenir de l’appui international significatif et à ouvrir l’accès à des réseaux de ressources. Cela a eu comme conséquence un impact négatif sur la réputation des créanciers. » Nous nous demandons quelle est alors la préoccupation quant à l’impact négatif sur les vies des personnes assassinées et leurs familles? Le problème est-il l’existence de violations de droits humains en soi, ou l’attention internationale que celles-ci ont créée?

Aucun rapport ne changera la réalité dans laquelle des êtres humains ont été violemment assassinés pour leur opposition au projet Agua Zarca. Aucun rapport ne changera la réalité que ce projet viole de manière flagrante le droit du peuple Lenca à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé, tout comme notre droit à défendre notre rivière sacrée Gualcarque. Même si les banques ne peuvent pas comprendre le fait que la rivière Gualcarque soit sacrée, cela ne leur donne pas le droit de dénigrer nos droits et notre culture. Peu importe les manipulations qui se retrouvent dans le rapport, elles ne peuvent changer le fait que le projet Agua Zarca ait été approuvé illégalement et imposé violemment. Les menaces à nos vies et à notre intégrité physique continuent.

Nous exigeons que le FMO, le FinnFund et la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE), se retirent de façon immédiate et définitive du projet hydroélectrique Agua Zarca. Nous exigeons également que le FMO, FinnFund et la BCIE n’investissent plus jamais dans des projets qui violent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée. En plus d’annuler définitivement ses prêts au projet, les banques doivent assumer la responsabilité pour la mort et la destruction causées par le projet hydroélectrique Agua Zarca et dédommager les personnes affectées, tout comme les communautés affectées.

Nous affirmons notre lutte pour la vie et pour notre droit à coexister avec la Terre Mère. Nous continuons notre lutte en défense de la rivière Gualcarque à travers l’esprit de Berta Caceres, de Tomas Garcia, de Wiliam Rodriguez, de Maicol Rodriguez et des esprits des filles avec qui nous nous unissons dans la défense de notre rivière sacrée.