COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO/COPINH rejects FMO’s Mission Report on the Agua Zarca Project


COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO
El COPINH rechaza enérgicamente el informe tendencioso de la Misión del FMO, que busca limpiar la imagen del Proyecto Agua Zarca y esconder la violencia sistemática impuesta por el proyecto.  El informe claramente intenta justificar la continuación del Proyecto Agua Zarca después del asesinato de nuestra Coordinadora General Berta Cáceres y desacreditar, minimizar, y criminalizar al COPINH y la oposición digna al Proyecto Agua Zarca.  El informe selectivamente escoge repetir las alegaciones y la narrativa de DESA, incluso sin verificar los hechos, mientras que excluye información importante que cuestiona esta narrativa y que refleja la verdadera realidad desastrosa del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. 
Condenamos los esfuerzos del informe por tergiversar la historia e ignorar la responsabilidad de DESA y los bancos financiadores por la violencia en la zona, buscando culpar a las comunidades. El informe ignora la violencia y represión sistemática por parte de personas asociadas con DESA, en complicidad con agentes del estado de Honduras, con el objetivo de silenciar la oposición al proyecto.

Rechazamos la imposición forzada de las ideas occidentales acerca del desarrollo que en realidad significa el saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad.  El informe trata al Proyecto Agua Zarca como una solución mágica para el ‘desarrollo’ que debe ser impuesta sin importar cuantas vidas humanas cueste.   

Denunciamos que este informe fue creado para servir los intereses del FMO y del Proyecto Agua Zarca.  Contiene numerosos errores y sesgos, los cuales pueden ser objeto de un informe en sí.  Para empezar, es importante aclarar lo siguiente:  

     El Banco FMO escogió y orientó a los integrantes de la Misión. Se notó el prejuicio a favor del FMO en los comentarios de uno de los miembros de la Misión el primer día de la visita, antes de aun haber visitado las comunidades.  De lo que entendemos, el FMO pagó a la Misión. 

     La visita de la Misión a las comunidades afectadas por el Proyecto Agua Zarca fue extremamente corta y superficial.  No hubo tiempo suficiente ni capacidad para verificar o investigar alegaciones. 

     La Misión pasó solo 2 horas en su visita a la comunidad de ‘La Tejera’ y no tuvo tiempo para tomar los testimonios de las víctimas de represalias y violencia por oponerse al Proyecto.  Tampoco hubo tiempo para entender la cultura Lenca, la cual está menospreciada por el informe, ni para entender la importancia del Río Gualcarque para el pueblo Lenca. De hecho, miembros del COPINH en Río Blanco invitaron a la Misión de ir con ellos al sagrado Río Gualcarque para ver cómo el proyecto les afecta, y la respuesta de la Misión fue que no tenía tiempo para ir al Río.
     La Misión excluyó testimonio de personas que se oponen al Proyecto Agua Zarca en las comunidades distintas a ‘La Tejera’ y no proporcionó un lugar seguro o mecanismo seguro para que personas en estas comunidades podrían compartir problemas con el Proyecto sin temor a represalias.  El informe repite el discurso de DESA que todas las comunidades aparte de ‘La Tejera’ apoyan el proyecto cuando en realidad la visita fue configurada para que fuera extremamente peligroso para las personas hablar en contra del proyecto.  Además, la Misión literalmente ignoró testimonio proporcionado o que se intentó proporcionar.  Esto se evidenció por:
o     La Misión ignoró por completo el testimonio proporcionado por un residente de Valle de Ángeles quien tuvo su casa quemada y fue disparado por hombres violentos vinculados a DESA en Valle de Ángeles, por estar activo en la lucha en contra el Proyecto Agua Zarca. 
o     A pesar de que la Misión fue informada de la presencia de hombres violentos en Valle de Ángeles con una historia de ataques y amenazas en contra de personas que se oponen al Proyecto Agua Zarca, la Misión decidió tener su única reunión con miembros de 5 comunidades afectadas en Valle de Ángeles, con el resultado que hubiese sido extremamente improbable la recepción de testimonios en contra del Proyecto Agua Zarca, ya que los participantes correrían el riesgo de ser atacados después, como represalia por su testimonio.   
o     La misión no creó un espacio o mecanismo seguro para que personas que se opusieron al Proyecto Agua Zarca en otras comunidades podrían dar testimonio a la Misión, a pesar de que la misión fue avisado sobre la violencia y repercusiones que personas en la región enfrentan por oponerse al proyecto.  Por ejemplo, la misión fácilmente pudo haber proporcionado un número de teléfono para personas quienes querían dar testimonio pero que tenían miedo de hacerlo dado las circunstancias de la reunión, para poder contactarlos para dar testimonio o arreglar una reunión confidencial.  Pero la misión no proporcionó una manera confidencial para que personas podían dar testimonio, a pesar de que COPINH les informó de la historia de violencia por parte de hombres afiliados con DESA.  
o     La misión se negó tomar el testimonio de personas que han tenido problemas con DESA en San Francisco de Ojuera cuya información de contacto fue proporcionada a la misión. No hubo voluntad de escuchar, incluso, a pesar de que una de las personas llamó a un integrante de la Misión para intentar proveer testimonio. 
o     Según su propio estimación, solo 30 personas hablaron en las reuniones comunitarias de la Misión, quienes supuestamente representaron 7 comunidades (La Tejera, El Barrial, Valle de Ángeles, San Ramón, Santa Fe, La Estancia, y La Leona).  En La Tejera, 8-10 personas hablaron, entonces aproximadamente 20-22 personas hablaron para representar 6 comunidades, lo cual significa 3-4 personas por comunidad, definitivamente no suficiente para determinar la opinión predominante de una comunidad entera.  Basándose en este muestreo tan limitado, y sin tomar en cuenta los empleados de DESA o personas vinculadas con DESA con una historia de violencia en contra de voces contrarias, la misión hace conclusiones de gran alcance, descaradamente.  
     La misión no se reunió con actores importantes que hubieran proporcionado información importante sobre las violaciones de derechos humanos relacionados con el Proyecto Agua Zarca:
o     La misión no se reunió con la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, a pesar de la recomendación de COPINH de reunirse con ellos, y el hecho que la Fiscalía Especial es la entidad gubernamental enjuiciando a casos legales relacionados con el Proyecto Agua Zarca, incluso los casos legales contra del exalcalde de Intibucá y el ex vice ministro de la SERNA por autorizar los permisos del proyecto en violación del derecho del pueblo Lenca a la consulta libre, previa, e informada en la autorización de los permisos por el proyecto.
o     La misión no se reunió con nadie vinculado a la investigación o proceso judicial en el asesinato de Berta Cáceres, y ni buscó investigar o entender el contexto y historia de las amenazas en contra de Berta relacionados por DESA.  
o     De igual forma, la Misión no se reunió con la familia de Berta Cáceres, a pesar del hecho que el informe fue motivado por el asesinato de ella.  Por suerte, una de las hijas de Berta estaba con COPINH cuando vino la Misión, pero la Misión intentó irse antes de que ella hablara, y se tuvo que pedir que se quedaran para escucharla. 
o     La misión no se reunió con otros actores recomendado por el COPINH, incluso organizaciones de derechos humanos en Honduras quienes han seguido la situación.  

·        La misión cita al Alcalde de La Esperanza para alegar ‘la necesidad de inversión privada en la área,’ a pesar de que él ni tiene jurisdicción sobre la zona del proyecto.  
     En el escrito, la Misión del FMO contribuye a la criminalización de COPINH y las acciones de protesta de las comunidades de Río Blanco que no aceptan la imposición del proyecto, haciendo aseveraciones sin ningún sustento argumentativo y repitiendo alegaciones graves por parte de personas vinculadas a DESA sin investigar ni verificar la realidad.  El informe ni considera la campaña de criminalización en contra del COPINH por parte de DESA y el estado de Honduras, a pesar de que el COPINH lo ha denunciado públicamente y organizaciones de derechos humanos denunciaron los procesos judiciales espurios contra de Berta Cáceres por parte DESA y el estado. 
o     “Quienes están a favor del Proyecto temen que, si el FMO se retira, sería como una respuesta positiva a los actos de violencia cometidos en su contra y valida el enfoque adoptado por ellos para detener el Proyecto.” Pág. 34
     El informe ignora la naturaleza sistemática de la violencia, amenazas a muerte, y represión por parte de personas vinculados a DESA y sus empleados en contra de los que se oponen al proyecto, el control que ejercen en la región a través de violencia, y el efecto que esto tiene sobre si los pobladores están dispuestos hablar en contra del proyecto.  La sección ‘Acusaciones de violencia, intimidación, y corrupción’ es sumamente superficial y no considera ni investiga la mayoría de los ataques y incidentes.  Cabe señalar que:
o     El informe ni menciona los asesinatos de Wiliam Jacobo Rodríguez y Maycol Rodriguez, miembros del COPINH. 
o     La misión no tuvo la prudencia de tomar testimonios de víctimas de violencia y amenazas por parte de empleados de DESA durante su visita a Río Blanco.
o     El informe ignora los comunicados públicos del COPINH con respeto a las amenazas, ataques, sicarios, y asesinatos relacionados con el proyecto Agua Zarca, igual que otros artículos y entrevistas públicos sobre la violencia y amenazas en la región, igual que un documento enviado a la misión que detalla varios de estos incidentes.  Un verdadero análisis de la represión sistemática y los sicarios en la región expondría a DESA como fuente de agresiones, violencia y terror.
o     El informe ‘culpa a la víctima.’  Literalmente atribuye la violencia en la región al ‘descontento de la comunidad de La Tejera con el proceso de socialización’ y otros factores, ninguno de los cuales realmente explica incidentes violentos.  Sugiere que las comunidades están violentamente atacándose entre ellas, mientras que DESA no hace nada y puede expresar ‘completa sorpresa’ cuando uno de sus ejecutivos está procesado por el asesinato de Berta Cáceres.  El informe no considera que DESA puede ser la causa de la violencia ni las implicaciones del hecho que empleados y personas vinculadas con DESA han estado amenazando y atacando a los que se oponen al Proyecto por años.  Excluye la realidad del terror y represión impuesto por DESA en conjunto con el estado de Honduras, con el fin de silenciar a los que se oponen al Proyecto.  El informe ni siquiera intenta investigar quién es realmente responsable por instigar y financiar la violencia.  
     El informe tergiversa y manipula las concepciones acerca de obligaciones internacionales expuestas en el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas.
o     En el caso de la concesión al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA sobre el Río Gualcarque no hubo proceso de Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado. El informe intenta justificar esto en varias maneras pero no cambia la realidad que ninguna de las acciones que se realizaron por parte del estado y DESA constituyó un proceso en el que las comunidades tomaran la decisión de manera libre, previa, e informada. Cabe destacar que las acciones del estado fueron posterior a la aprobación del proyecto. Además, el informe completamente ignora que el pueblo Lenca de Rio Blanco se reunió en octubre de 2010 y declaró su rechazo a una represa en el Rio Gualcarque, y otra vez rechazó el proyecto durante reuniones con el alcalde en 2011. El proyecto fue impuesto en violación de la voluntad del pueblo Lenca. El informe ignora el rechazo expresado en 2010, a pesar de que la Misión fue informada de esto en por lo menos dos ocasiones. 
o     La consulta previa, libre e informada no se aplica a la discreción de las empresas, bancos o Estados. Honduras ha ratificado el convenio 169 y es un estándar internacional vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento. El incumplimiento de este derecho fundamental de los pueblos indígenas constituye por sí mismo una ilegalidad.
o     La responsabilidad de asegurar cumplimiento de los convenios internacionales no es responsabilidad exclusiva de los Estados, lo es de las empresas y los bancos. El hecho que el Estado hondureño no cumplió con el requisito de la consulta previa, libre, y informada antes de otorgar la concesión significa que los bancos financiadores como FMO, Finnfund, y el BCIE no debieron haber firmado contratos referentes a esta concesión.  Denunciamos que el informe intenta excusar el actuar de los bancos en vez de examinar las implicaciones del hecho que financiaron un proyecto en violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.  
o     La inexistencia de una ley o regulación nacional para la implementación de la consulta previa no significa obstáculo para su cumplimiento. Los convenios internacionales son por sí mismos leyes y por tanto deben ser respetados.
       “La ausencia de regulación complica aún más la implementación del convenio para los actores no estatales. Se observó que, de conformidad con los consultores (GIA y MFC), se llevó a cabo una consulta adecuada con organizaciones comunales, en la ausencia de autoridades tradicionales tales como un consejo de ancianos y, por lo tanto, esto sirvió para el mismo propósito.” P22
     El informe intente desacreditar información proporcionada por el COPINH, citando una falta de evidencia o insuficiente información.  Por ejemplo, el informe alega que ‘La Misión no ha recibido evidencia alguna que respalde la falsificación de firmas’ a pesar del hecho que las personas quienes firmas fueron falsificados han denunciado esto en un video que es públicamente disponible, y COPINH envió el link del video a la Misión.  Esto está en contraste marcado con la información proporcionado por DESA o los consultores previos; las alegaciones de los consultores o DESA están repetido como hechos, aun sin verificación.  Esto es una ilustración del desequilibrio y desigualdad que caracterizaron el proceso del informe. 
     El informe se repita la alegación falsa de los consultores previos que ‘en las comunidades Lenca no existen autoridades tradicionales’ aunque luego se contradice y admite que COPINH les informó de la existencia del Consejo Indígena y un Consejo de Ancianos.  Extrañamente declara que ‘La Misión no fue informada sobre estas entidades y no tuvo la oportunidad de reunirse con ellas’ a pesar del hecho que COPINH específicamente arregló una reunión para la Misión con el Presidente del Consejo Indígena de Río Blanco, y otros miembros del Consejo Indígena igual que el Consejo de Ancianos hablaron con la Misión durante su visita a Río Blanco.   
     El informe ni intenta entender la cosmovisión Indígena ni visiones de desarrollo basado en la autodeterminación Indígena en armonía con los ríos y la Madre Tierra.  Ni considera el derecho a la autodeterminación con respecto al modelo de desarrollo.  El informe opera desde un punto de vista occidental que descarta la cultura, cosmovisión, y modo de vida Indígena.  El informe se basa en la suposición falsa que el Proyecto Agua Zarca es una solución mágica para el ‘desarrollo’ y crea una falsa dicotomía entre pobreza o el proyecto, a pesar del hecho que el mismo informe dice que la mayoría de trabajos son de corto plazo.  Rechazamos la imposición una visión occidental y colonizadora de ‘desarrollo’ que en realidad es el saqueo y destrucción de nuestro territorio, espiritualidad, y cosmovisión.  
El sesgo claro del informe resulta en una manipulación de la realidad para favorecer el interés de justificar la continuación del proyecto.  Los problemas del informe son tantos que este documento no abarca todos los errores, manipulaciones, y problemas.  El interés verdadero del informe de justificar el proyecto a pesar de las vidas humanas que se han perdido se muestra con el comentario que ‘Los prestamistas también podrían haber insistido en una gestión de comunicación más estratégica y completa por parte de DESA cuando la oposición al Proyecto comenzó a ganar terreno en el ámbito internacional. El fracaso de DESA para gestionar de forma adecuada y completa la información sobre el Proyecto ha permitido a los opositores ganar terreno con su campaña, obtener apoyo internacional significativo y abrir acceso a redes de recursos. Esto ha causado como consecuencia un impacto negativo en la reputación de los prestamistas.’  Preguntamos que preocupación hay para el impacto negativo en las vidas de las personas asesinadas y sus familias?   Es el problema la existencia de las violaciones de derechos humanos en sí o la atención internacional que han generado?      
Ningún informe cambiará la realidad que seres humanos han sido asesinado violentamente por oponerse al Proyecto Agua Zarca.  Ningún informe cambiará la realidad que este proyecto viola flagrantemente el derecho del pueblo Lenca a la consulta y el consentimiento libre, previo, e informado, igual que nuestro derechos a defender nuestro sagrado Río Gualcarque.  Aun si los bancos no pueden entender porque el Río Gualcarque es sagrado, no les da derecho denigrar nuestros derechos y cultura.  Sin importar todas las manipulaciones que el informe puede incluir, no puede cambiar la realidad que el proyecto Agua Zarca fue aprobado ilegalmente y ha sido impuesto violentamente.  Las amenazas a nuestras vidas e integridad física continuan.   
Exigimos que el FMO, Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE), inmediata y definitivamente se retiren del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.  Exigimos también que FMO, Finn Fund, y BCIE nunca más invierten en proyectos que violan el derecho a la consulta libre previa, e informada.   Además de cancelar definitivamente sus préstamos al proyecto, los bancos deben de tomar responsabilidad por la muerte y destrucción causados por el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y hacer reparaciones a los afectados, incluso reparaciones en las comunidades afectadas. 

Afirmamos nuestra lucha por la vida, y por nuestro derecho de coexistir con la Madre Tierra.  Seguimos nuestra lucha en defensa del Río Gualcarque en el espíritu de Berta Cáceres, Tomas Garcia, Wiliam Rodriguez, Maycol Rodríguez, y los espíritus de las niñas con quienes unamos en defender este río sagrado. 
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ENGLISH

COPINH rejects FMO’s Mission Report on the Agua Zarca Project

COPINH rejects the biased report of the FMO’s Mission, which seeks to whitewash the Agua Zarca Project and hide the systematic violence imposed by the project.  The report clearly seeks to justify the continuation of the Agua Zarca Project after the murder of our General Coordinator Berta Caceres and to discredit, minimize, and criminalize COPINH and the dignified opposition to the project.  The report selectively chooses to repeat DESA’s narrative and allegations, often without verifying the facts, while excluding significant information that challenges this narrative and reflects the disastrous reality of the Agua Zarca Hydroelectric Project. 
We condemn the report’s efforts to re-write history to ignore DESA’s responsibility for the violence in the area, and instead blame the communities.  The report ignores the systematic violence and repression carried out by people associated with DESA, in conjunction with agents of the Honduran government, to silence the opposition to the project.  
Furthermore, we reject the forceful imposition of western notions of development that in reality are the plundering of Lenca territory and our cosmovision and spirituality.  The report treats the Agua Zarca Project as a magical solution for ‘development’ to be imposed no matter how many lives it costs. 
We denounce that this report was set up to serve the interests of FMO and the Agua Zarca Project.  The report includes numerous problems that could be the subject of a lengthy paper, but to start with it is important to establish and clarify that:
     FMO choose and oriented the Mission members.  The biases of FMO were reflected in the comments of one of the Mission members on the first day of the Mission, before even visiting the communities.  From what we understand, FMO also paid for the Mission. 
     This Mission's visit to the communities impacted by the Agua Zarca Project was extremely superficial and short.  There was not sufficient time or capacity to verify or investigate allegations. 

     The Mission spent only 2 hours during its visit to ‘La Tejera’, and did not have time to take testimonies of victims of violence and retaliation for opposing the project.  Nor was there time for the Mission to learn about the Lenca culture, which the report denigrates, nor the significance of the Gualcarque River for the Lenca people.  In fact, COPINH members in Rio Blanco invited the Mission to go with them to the sacred Gualcarque River and see how the project affects them, and the Mission’s response was that it did not have time.
     The Mission excluded testimony from people in communities other than ‘La Tejera’ who oppose the project and it did not provide a safe space or mechanism for people in communities other than ‘La Tejera’ to share their problems with the project without fear of retaliation.  The Mission repeats DESA’s claim that all communities besides ‘La Tejera’ support the project, when in reality their visit was set up so that it was extremely dangerous for someone to speak against the project, and they literally ignored testimony that was provided or attempted to be provided.  This is evidenced by:
o     The Mission completely ignored the testimony provided by a resident of Valle de Angeles who had his home burned for speaking out against the Agua Zarca project and was shot at by violent men connected to DESA in Valle de Angeles. 
o     Despite being informed of the presence of violent men in Valle de Angeles who have a history of attacking and threatening those who oppose the Agua Zarca Project, the Mission choose to hold its only meeting with 5 affected communities in Valle de Angeles, making it extremely unlikely they would receive testimony against the Agua Zarca Project, given that one would be risking being subsequently attacked or shot to do so. 
o     The Mission did not create a safe space or mechanism for people who oppose the dam in other communities to talk with them despite being warned of the violence and repercussions people in the region face for speaking out against the project.  For instance, the Mission could have easily provided a phone number in the communities for people who wished to provide testimony but were afraid to do so given the circumstances of the meeting, to contact them for a confidential meeting.  Yet the Mission failed to do this, despite COPINH informing them of the history of violence by men affiliated with DESA. 
o     The Mission literally refused to take the testimony of persons with problems with DESA in San Francisco de Ojuera whose contact information was provided to the Mission and who even tried calling one of the Mission members. 
o     By its own estimation, only 30 people spoke at the community meetings the Mission held, which supposedly represented 7 communities (La Tejera, El Barrial, Valle de Angeles, San Ramon, Santa Fe, La Estancia and Las Leonas).  In La Tejera, 8-10 people spoke, so that leaves approximately 20-22 people to represent 6 communities, about 3-4 people per community, and definitively not enough to determine the predominant view in a community.  On the basis of this very limited sampling, and in complete disregard for the DESA employees or violent men associated with DESA who could have been present, the Mission makes far-reaching conclusions.
     The Mission failed to meet with important actors that would have provided important information about the human rights violations related to the Agua Zarca Project:
o     The Mission did not meet with the Special Prosecutor for Indigenous Rights and Cultural Patrimony, despite COPINH’s recommendation to do so, and the fact that this is the government entity prosecuting several legal cases related to the Agua Zarca Project, including the legal cases against the Mayor of Intibuca and the Vice Minister of SERNA for violating the Lenca people’s right to free, prior, and informed consultation when providing the permits for the project.
o     The Mission did not meet with anybody investigating or prosecuting Berta Caceres’ murder case, and the report does not even try to address the context and history of the threats against Berta Caceres.  
o     Similarly, the Mission did not meet with the family of Berta Caceres, despite the fact that the report was motivated by the assassination of Berta.  Luckily, one of Berta’s daughters was at COPINH’s center when the Mission came, but the Mission tried to leave before she could speak, and she had to request they listen to her. 
o     The Mission did not meet with several other actors recommended by COPINH, including human rights organizations who have followed the situation. 
     The Mission quotes the Mayor of La Esperanza about the ‘need for private investment in the area,’ despite that fact that his jurisdiction does not even include the project area.

     The Mission’s report contributes to the criminalization of COPINH and the protests of the communities who oppose the imposition of the project by making assertions and repeating grave allegations on behalf of persons linked DESA without investigating or verifying the reality.  The report does not even consider the criminalization campaign against COPINH by DESA and the Honduran government, despite the fact that COPINH has publicly denounced it and human rights organizations publicly criticized that the spurious charges against Berta Caceres for opposing the project, brought by DESA and the Honduran government. 

     The report ignores the systemic nature of the violence, death threats, and repression by DESA employees and persons connected to DESA against those who oppose the project, the control they have in the region through violence, and the effect the repression has on if people are able to speak out against the project.  The section on ‘Allegations of Violence, Intimidation, and Corruption’ is extremely superficial and does not consider nor investigate the majority of attacks.  It is worth noting that:
o     The report completely ignores the murders of William Jacobo Rodriguez and Maycol Rodriguez, both members of COPINH.
o     The Mission did not take testimony of victims of violence or threats by DESA employees during its visit to Rio Blanco.
o     The report ignores COPINH’s public communiqués about threats, attacks, hit men and murders, as well as other public articles and interviews about the threats and violence in the region, as well as a document sent to the Mission detailing many of these incidents.  A real analysis of the systematic repression and the hit men in the region would expose DESA as source of aggressions, violence, and terror. 
o     The report blames the victim.  It literally attributes the violence in the region to the ‘dissatisfaction of the community of La Tejera with the socialization process’ and other factors, none of which actually explain violent incidents.  It suggests the communities are violently attacking each other, while DESA has its head in the sand, and can express ‘complete surprise’ when one of its senior employees is indicted for the murder of Berta Caceres.  The report does not even consider DESA as a cause of violence nor the implications of the fact that DESA employees and people associated with DESA have been threatening and attacking those who oppose the project for years.  The report does not even try to investigate who is responsible for instigating and financing the violence.  
     The report distorts and manipulates the concepts relating to international obligations in ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
o     There was not free, prior, and informed consultation nor consent for DESA’s Agua Zarca Hydroelectric Project on the Gualcarque River.  The report tries to justify this in several ways, but that does not change the fact that none of the actions by the Honduran state and DESA constitute a process in which the communities were able to make a free, prior, and informed decision.  It is important to mention that the actions by the state took place after the approval of the project.  Moreover, the report completely ignores that the Lenca people of Rio Blanco met in October 2010 to declare their rejection of a dam on the Gualcarque River, and again rejected the project during meetings with the mayor in 2011.  The project was imposed in violation of the will of the Lenca people.  The report ignores the 2010 rejection of the project, despite the fact they were informed of this on two occasions. 

o     Free, prior, and informed consultation is not something applied at the discretion of businesses, banks, or states.  Honduras has ratified ILO Convention 169 and it is a binding international standard, meaning it is obligatory.  The lack of compliance with this fundamental right of the Indigenous Peoples constitutes in and of itself an illegality. 

o     The responsibility of ensuring compliance with international conventions is not the exclusive responsibility of the state, it is also a responsibility of companies and banks.  The fact that the Honduran government did not comply with the requirement of free, prior, and informed consent prior to authorizing the project means that banks, such as FMO, Finnfund, and CABEI, should not have signed contracts to finance to this project.  We denounce that the report tries to excuse the behavior of the banks instead of examining the implications of the fact that they financed a project in flagrant violation of the rights of the Lenca people. 

o     The lack of a national law or regulation regarding the implementation of free, prior, and informed consultation is not an obstacle to complying with it.  This international convention is a law in and of itself and should be respected. 

       The report attempts to discredit information provided by COPINH, claiming lack of evidence or insufficient information.   For instance, the report states ‘The Mission has not received any evidence supporting the falsification of signatures’ despite the fact that people whose signatures were falsified have denounced this in a video that is publicly available and COPINH sent the link for the video to the Mission.  This is in stark contrast to its treatment of information from DESA and prior consultants; information from the prior consultants or DESA is repeated as fact, often without verification.  This is illustrative of the imbalance and inequality that characterized the process of the report.                                                 

       Another example of this inequality in how information is treated is that the report falsely repeats the claim of prior consultants there are ‘no traditional authorities in place’ in Lenca communities even though it then contradicts that by admitting COPINH informed them of the Indigenous Council and Council of Elders.  Then it bizarrely claims ‘The Mission was not informed of these bodies and did not have the opportunity to meet with them’ when COPINH in fact arranged a meeting for the Mission with the President of the Indigenous Council of Rio Blanco and other members of the Council as well as the Council of Elders spoke to the Mission during its visit to Rio Blanco. 

     The report does not even try to understand Indigenous cosmovision or visions of development based on Indigenous self-determination and harmony with the river and Mother Earth.  It does not even consider the right to self-determination about models of development.  It operates on a western worldview that dismisses Indigenous culture, cosmovision, and way of life.  The report is premised on the false assumption that the Agua Zarca Project is a magic bullet for ‘development’ and creates the false dichotomy between poverty or the project, despite the fact that the report itself admits the majority of jobs are short-term.  We reject the imposition of western and colonial notions of ‘development’ that in reality are the plundering of our territory, spirituality, and cosmovision.

The report’s clear bias results in a manipulation of reality to suit the interests of justifying the continuation of the project.  The report’s true interest in justifying the project despite the human lives taken is shown in its statement that ‘The lenders could also have insisted on a more strategic and comprehensive communication management by DESA when opposition to the Project started to gain traction in the international domain.  The failure by DESA to adequately and comprehensively manage information about the Project has allowed opponents to gain traction with their campaign, garner significant international support and open access to networks of resources. This has had a corollary negative reputational impact on the lenders.’  We ask what concern is there for the negative impact on the lives of those murdered and their families?   Is the problem actually the grave violations of human rights or the international attention these have generated?
No report will change the fact that human beings have been violently killed for opposing the Agua Zarca Project.  Nor does the report change the fact that this project flagrantly violates the right of the Lenca people to free, prior and informed consultation and consent, as well as our right to defend our sacred river.  Even if banks cannot understand why the river is sacred, that does not give them the right to denigrate our rights and culture.  Even with its manipulations, the report cannot change the reality that this project was illegally approved and has been violently imposed.  The threats to our lives and physical integrity continue. 
We demand that the FMO, Finn Fund, and the Central American Bank for Economic Integration (CABEI) immediately and definitively withdraw from the Agua Zarca Hydroelectric Project.  We also demand FMO, Finn Fund, and CABEI never again invest in projects that violate the right of free, prior, and informed consultation.  In addition to immediately exiting the project, the banks must take responsibility for the death and destruction the Agua Zarca Hydroelectric Project has caused and make reparations to those affected, including communal reparations to the communities in the region.   

We affirm our struggle for life, for our right to coexist and live in harmony with Mother Earth.  We continue our struggle in defense of the Gualcarque River in the spirit of Berta Caceres, Tomas Garcia, Wiliam Rodriguez, Maycol Rodriguez, and the spirits of the female children that join us in defending this sacred river.