COPINH rechaza el informe de la Misión del FMO
El COPINH rechaza enérgicamente el informe tendencioso de la
Misión del FMO, que busca limpiar la imagen del Proyecto Agua Zarca y esconder
la violencia sistemática impuesta por el proyecto. El informe claramente intenta justificar la
continuación del Proyecto Agua Zarca después del asesinato de nuestra
Coordinadora General Berta Cáceres y desacreditar, minimizar, y criminalizar al
COPINH y la oposición digna al Proyecto Agua Zarca. El informe selectivamente escoge repetir las
alegaciones y la narrativa de DESA, incluso sin verificar los hechos, mientras
que excluye información importante que cuestiona esta narrativa y que refleja
la verdadera realidad desastrosa del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Condenamos los esfuerzos del informe
por tergiversar la historia e ignorar la responsabilidad de DESA y los bancos
financiadores por la violencia en la zona, buscando culpar a las comunidades. El
informe ignora la violencia y represión sistemática por parte de personas
asociadas con DESA, en complicidad con agentes del estado de Honduras, con el
objetivo de silenciar la oposición al proyecto.
Rechazamos la imposición forzada de
las ideas occidentales acerca del desarrollo que en realidad significa el
saqueo del territorio Lenca, de nuestra cosmovisión y espiritualidad. El informe trata al Proyecto Agua Zarca como
una solución mágica para el ‘desarrollo’ que debe ser impuesta sin importar
cuantas vidas humanas cueste.
Denunciamos que este informe fue
creado para servir los intereses del FMO y del Proyecto Agua Zarca. Contiene numerosos errores y sesgos, los
cuales pueden ser objeto de un informe en sí.
Para empezar, es importante aclarar lo siguiente:
●
El Banco FMO escogió y orientó a los
integrantes de la Misión. Se notó el prejuicio a favor del FMO en los
comentarios de uno de los miembros de la Misión el primer día de la visita,
antes de aun haber visitado las comunidades.
De lo que entendemos, el FMO pagó a la Misión.
●
La visita de la Misión a las
comunidades afectadas por el Proyecto Agua Zarca fue extremamente corta y
superficial. No hubo tiempo suficiente
ni capacidad para verificar o investigar alegaciones.
●
La Misión pasó solo 2 horas en su
visita a la comunidad de ‘La Tejera’ y no tuvo tiempo para tomar los
testimonios de las víctimas de represalias y violencia por oponerse al
Proyecto. Tampoco hubo tiempo para
entender la cultura Lenca, la cual está menospreciada por el informe, ni para
entender la importancia del Río Gualcarque para el pueblo Lenca. De hecho,
miembros del COPINH en Río Blanco invitaron a la Misión de ir con ellos al
sagrado Río Gualcarque para ver cómo el proyecto les afecta, y la respuesta de
la Misión fue que no tenía tiempo para ir al Río.
●
La Misión excluyó testimonio de
personas que se oponen al Proyecto Agua Zarca en las comunidades distintas a
‘La Tejera’ y no proporcionó un lugar seguro o mecanismo seguro para que
personas en estas comunidades podrían compartir problemas con el Proyecto sin
temor a represalias. El informe repite
el discurso de DESA que todas las comunidades aparte de ‘La Tejera’ apoyan el
proyecto cuando en realidad la visita fue configurada para que fuera
extremamente peligroso para las personas hablar en contra del proyecto. Además, la Misión literalmente ignoró
testimonio proporcionado o que se intentó proporcionar. Esto se evidenció por:
o
La Misión ignoró por completo el
testimonio proporcionado por un residente de Valle de Ángeles quien tuvo su
casa quemada y fue disparado por hombres violentos vinculados a DESA en Valle
de Ángeles, por estar activo en la lucha en contra el Proyecto Agua Zarca.
o
A pesar de que la Misión fue
informada de la presencia de hombres violentos en Valle de Ángeles con una
historia de ataques y amenazas en contra de personas que se oponen al Proyecto
Agua Zarca, la Misión decidió tener su única reunión con miembros de 5
comunidades afectadas en Valle de Ángeles, con el resultado que hubiese sido
extremamente improbable la recepción de testimonios en contra del Proyecto Agua
Zarca, ya que los participantes correrían el riesgo de ser atacados después,
como represalia por su testimonio.
o
La misión no creó un espacio o
mecanismo seguro para que personas que se opusieron al Proyecto Agua Zarca en
otras comunidades podrían dar testimonio a la Misión, a pesar de que la misión
fue avisado sobre la violencia y repercusiones que personas en la región
enfrentan por oponerse al proyecto. Por
ejemplo, la misión fácilmente pudo haber proporcionado un número de teléfono
para personas quienes querían dar testimonio pero que tenían miedo de hacerlo
dado las circunstancias de la reunión, para poder contactarlos para dar
testimonio o arreglar una reunión confidencial.
Pero la misión no proporcionó una manera confidencial para que personas
podían dar testimonio, a pesar de que COPINH les informó de la historia de
violencia por parte de hombres afiliados con DESA.
o
La misión se negó tomar el
testimonio de personas que han tenido problemas con DESA en San Francisco de
Ojuera cuya información de contacto fue proporcionada a la misión. No hubo
voluntad de escuchar, incluso, a pesar de que una de las personas llamó a un
integrante de la Misión para intentar proveer testimonio.
o
Según su propio estimación, solo 30
personas hablaron en las reuniones comunitarias de la Misión, quienes
supuestamente representaron 7 comunidades (La Tejera, El Barrial, Valle de
Ángeles, San Ramón, Santa Fe, La Estancia, y La Leona). En La Tejera, 8-10 personas hablaron,
entonces aproximadamente 20-22 personas hablaron para representar 6
comunidades, lo cual significa 3-4 personas por comunidad, definitivamente no
suficiente para determinar la opinión predominante de una comunidad
entera. Basándose en este muestreo tan
limitado, y sin tomar en cuenta los empleados de DESA o personas vinculadas con
DESA con una historia de violencia en contra de voces contrarias, la misión
hace conclusiones de gran alcance, descaradamente.
●
La misión no se reunió con actores
importantes que hubieran proporcionado información importante sobre las
violaciones de derechos humanos relacionados con el Proyecto Agua Zarca:
o
La misión no se reunió con la
Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, a pesar de la
recomendación de COPINH de reunirse con ellos, y el hecho que la Fiscalía
Especial es la entidad gubernamental enjuiciando a casos legales relacionados
con el Proyecto Agua Zarca, incluso los casos legales contra del exalcalde de
Intibucá y el ex vice ministro de la SERNA por autorizar los permisos del
proyecto en violación del derecho del pueblo Lenca a la consulta libre, previa,
e informada en la autorización de los permisos por el proyecto.
o
La misión no se reunió con nadie
vinculado a la investigación o proceso judicial en el asesinato de Berta
Cáceres, y ni buscó investigar o entender el contexto y historia de las
amenazas en contra de Berta relacionados por DESA.
o
De igual forma, la Misión no se
reunió con la familia de Berta Cáceres, a pesar del hecho que el informe fue
motivado por el asesinato de ella. Por
suerte, una de las hijas de Berta estaba con COPINH cuando vino la Misión, pero
la Misión intentó irse antes de que ella hablara, y se tuvo que pedir que se
quedaran para escucharla.
o
La misión no se reunió con otros
actores recomendado por el COPINH, incluso organizaciones de derechos humanos
en Honduras quienes han seguido la situación.
·
La
misión cita al Alcalde de La Esperanza para alegar ‘la necesidad de inversión
privada en la área,’ a pesar de que él ni tiene jurisdicción sobre la zona del
proyecto.
●
En el escrito, la Misión del FMO
contribuye a la criminalización de COPINH y las acciones de protesta de las
comunidades de Río Blanco que no aceptan la imposición del proyecto, haciendo
aseveraciones sin ningún sustento argumentativo y repitiendo alegaciones graves
por parte de personas vinculadas a DESA sin investigar ni verificar la realidad. El informe ni considera la campaña de
criminalización en contra del COPINH por parte de DESA y el estado de Honduras,
a pesar de que el COPINH lo ha denunciado públicamente y organizaciones de
derechos humanos denunciaron los procesos judiciales espurios contra de Berta
Cáceres por parte DESA y el estado.
o
“Quienes están a favor del Proyecto
temen que, si el FMO se retira, sería como una respuesta positiva a los actos
de violencia cometidos en su contra y valida el enfoque adoptado por ellos para
detener el Proyecto.” Pág. 34
●
El informe ignora la naturaleza
sistemática de la violencia, amenazas a muerte, y represión por parte de
personas vinculados a DESA y sus empleados en contra de los que se oponen al
proyecto, el control que ejercen en la región a través de violencia, y el efecto
que esto tiene sobre si los pobladores están dispuestos hablar en contra del
proyecto. La sección ‘Acusaciones de
violencia, intimidación, y corrupción’ es sumamente superficial y no considera
ni investiga la mayoría de los ataques y incidentes. Cabe señalar que:
o
El informe ni menciona los
asesinatos de Wiliam Jacobo Rodríguez y Maycol Rodriguez, miembros del
COPINH.
o
La misión no tuvo la prudencia de
tomar testimonios de víctimas de violencia y amenazas por parte de empleados de
DESA durante su visita a Río Blanco.
o
El informe ignora los comunicados
públicos del COPINH con respeto a las amenazas, ataques, sicarios, y asesinatos
relacionados con el proyecto Agua Zarca, igual que otros artículos y
entrevistas públicos sobre la violencia y amenazas en la región, igual que un
documento enviado a la misión que detalla varios de estos incidentes. Un verdadero análisis de la represión
sistemática y los sicarios en la región expondría a DESA como fuente de agresiones,
violencia y terror.
o
El informe ‘culpa a la
víctima.’ Literalmente atribuye la
violencia en la región al ‘descontento de la comunidad de La Tejera con el
proceso de socialización’ y otros factores, ninguno de los cuales realmente
explica incidentes violentos. Sugiere
que las comunidades están violentamente atacándose entre ellas, mientras que
DESA no hace nada y puede expresar ‘completa sorpresa’ cuando uno de sus
ejecutivos está procesado por el asesinato de Berta Cáceres. El informe no considera que DESA puede ser la
causa de la violencia ni las implicaciones del hecho que empleados y personas
vinculadas con DESA han estado amenazando y atacando a los que se oponen al
Proyecto por años. Excluye la realidad
del terror y represión impuesto por DESA en conjunto con el estado de Honduras,
con el fin de silenciar a los que se oponen al Proyecto. El informe ni siquiera intenta investigar
quién es realmente responsable por instigar y financiar la violencia.
●
El informe tergiversa y manipula las
concepciones acerca de obligaciones internacionales expuestas en el convenio
169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
pueblos indígenas.
o
En el caso de la concesión al
Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA sobre el Río Gualcarque
no hubo proceso de Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado. El
informe intenta justificar esto en varias maneras pero no cambia la realidad
que ninguna de las acciones que se realizaron por parte del estado y DESA constituyó
un proceso en el que las comunidades tomaran la decisión de manera libre,
previa, e informada. Cabe destacar que las acciones del estado fueron posterior
a la aprobación del proyecto. Además, el informe completamente ignora que el
pueblo Lenca de Rio Blanco se reunió en octubre de 2010 y declaró su rechazo a
una represa en el Rio Gualcarque, y otra vez rechazó el proyecto durante
reuniones con el alcalde en 2011. El proyecto fue impuesto en violación de la
voluntad del pueblo Lenca. El informe ignora el rechazo expresado en 2010, a
pesar de que la Misión fue informada de esto en por lo menos dos
ocasiones.
o
La consulta previa, libre e
informada no se aplica a la discreción de las empresas, bancos o Estados.
Honduras ha ratificado el convenio 169 y es un estándar internacional
vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento. El incumplimiento de este
derecho fundamental de los pueblos indígenas constituye por sí mismo una
ilegalidad.
o
La responsabilidad
de asegurar cumplimiento de los convenios internacionales no es responsabilidad
exclusiva de los Estados, lo es de las empresas y los bancos. El hecho que el Estado hondureño no
cumplió con el requisito de la consulta previa, libre, y informada antes de
otorgar la concesión significa que los bancos financiadores como FMO, Finnfund,
y el BCIE no debieron haber firmado contratos referentes a esta concesión. Denunciamos que el informe intenta excusar el
actuar de los bancos en vez de examinar las implicaciones del hecho que
financiaron un proyecto en violación flagrante de los derechos del pueblo Lenca.
o
La inexistencia de una ley o
regulación nacional para la implementación de la consulta previa no significa
obstáculo para su cumplimiento. Los convenios internacionales son por sí mismos
leyes y por tanto deben ser respetados.
▪
“La ausencia de regulación complica
aún más la implementación del convenio para los actores no estatales. Se
observó que, de conformidad con los consultores (GIA y MFC), se llevó a cabo
una consulta adecuada con organizaciones comunales, en la ausencia de
autoridades tradicionales tales como un consejo de ancianos y, por lo tanto,
esto sirvió para el mismo propósito.” P22
●
El informe intente desacreditar
información proporcionada por el COPINH, citando una falta de evidencia o
insuficiente información. Por ejemplo,
el informe alega que ‘La Misión no ha recibido evidencia alguna que respalde la
falsificación de firmas’ a pesar del hecho que las personas quienes firmas
fueron falsificados han denunciado esto en un video que es públicamente
disponible, y COPINH envió el link del video a la Misión. Esto está en contraste marcado con la
información proporcionado por DESA o los consultores previos; las alegaciones
de los consultores o DESA están repetido como hechos, aun sin
verificación. Esto es una ilustración
del desequilibrio y desigualdad que caracterizaron el proceso del informe.
●
El informe se repita la alegación
falsa de los consultores previos que ‘en
las comunidades Lenca no existen autoridades tradicionales’ aunque luego se
contradice y admite que COPINH les informó de la existencia del Consejo Indígena
y un Consejo de Ancianos. Extrañamente
declara que ‘La Misión no fue informada
sobre estas entidades y no tuvo la oportunidad de reunirse con ellas’ a
pesar del hecho que COPINH específicamente arregló una reunión para la Misión
con el Presidente del Consejo Indígena de Río Blanco, y otros miembros del
Consejo Indígena igual que el Consejo de Ancianos hablaron con la Misión
durante su visita a Río Blanco.
●
El informe ni intenta entender la
cosmovisión Indígena ni visiones de desarrollo basado en la autodeterminación
Indígena en armonía con los ríos y la Madre Tierra. Ni considera el derecho a la
autodeterminación con respecto al modelo de desarrollo. El informe opera desde un punto de vista
occidental que descarta la cultura, cosmovisión, y modo de vida Indígena. El informe se basa en la suposición falsa que
el Proyecto Agua Zarca es una solución mágica para el ‘desarrollo’ y crea una
falsa dicotomía entre pobreza o el proyecto, a pesar del hecho que el mismo
informe dice que la mayoría de trabajos son de corto plazo. Rechazamos la imposición una visión
occidental y colonizadora de ‘desarrollo’ que en realidad es el saqueo y
destrucción de nuestro territorio, espiritualidad, y cosmovisión.
El sesgo claro del informe resulta
en una manipulación de la realidad para favorecer el interés de justificar la
continuación del proyecto. Los problemas
del informe son tantos que este documento no abarca todos los errores,
manipulaciones, y problemas. El interés
verdadero del informe de justificar el proyecto a pesar de las vidas humanas
que se han perdido se muestra con el comentario que ‘Los prestamistas también podrían haber insistido en una gestión de
comunicación más estratégica y completa por parte de DESA cuando la
oposición al Proyecto comenzó a ganar terreno en el ámbito internacional. El
fracaso de DESA para gestionar de forma adecuada y completa la información
sobre el Proyecto ha permitido a los opositores ganar terreno con su campaña,
obtener apoyo internacional significativo y abrir acceso a redes de recursos.
Esto ha causado como consecuencia un impacto negativo en la reputación de los
prestamistas.’ Preguntamos que
preocupación hay para el impacto negativo en las vidas de las personas
asesinadas y sus familias? Es el
problema la existencia de las violaciones de derechos humanos en sí o la
atención internacional que han generado?
Ningún informe cambiará la realidad
que seres humanos han sido asesinado violentamente por oponerse al Proyecto
Agua Zarca. Ningún informe cambiará la
realidad que este proyecto viola flagrantemente el derecho del pueblo Lenca a
la consulta y el consentimiento libre, previo, e informado, igual que nuestro
derechos a defender nuestro sagrado Río Gualcarque. Aun si los bancos no pueden entender porque
el Río Gualcarque es sagrado, no les da derecho denigrar nuestros derechos y
cultura. Sin importar todas las
manipulaciones que el informe puede incluir, no puede cambiar la realidad que
el proyecto Agua Zarca fue aprobado ilegalmente y ha sido impuesto
violentamente. Las amenazas a nuestras
vidas e integridad física continuan.
Exigimos que el FMO, Finn Fund y el
Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE), inmediata y
definitivamente se retiren del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Exigimos también que FMO, Finn Fund, y BCIE
nunca más invierten en proyectos que violan el derecho a la consulta libre
previa, e informada. Además de cancelar
definitivamente sus préstamos al proyecto, los bancos deben de tomar
responsabilidad por la muerte y destrucción causados por el Proyecto
Hidroeléctrico Agua Zarca y hacer reparaciones a los afectados, incluso
reparaciones en las comunidades afectadas.
Afirmamos nuestra lucha por la vida,
y por nuestro derecho de coexistir con la Madre Tierra. Seguimos nuestra lucha en defensa del Río
Gualcarque en el espíritu de Berta Cáceres, Tomas Garcia, Wiliam Rodriguez,
Maycol Rodríguez, y los espíritus de las niñas con quienes unamos en defender
este río sagrado.
____________________________________
ENGLISH
ENGLISH
COPINH rejects FMO’s Mission Report
on the Agua Zarca Project
COPINH
rejects the biased report of the FMO’s Mission, which seeks to whitewash the Agua Zarca Project and hide the
systematic violence imposed by the project.
The report clearly seeks to justify the continuation of the Agua Zarca
Project after the murder of our General Coordinator Berta Caceres and to discredit,
minimize, and criminalize COPINH and the dignified opposition to the
project. The report selectively chooses
to repeat DESA’s narrative and allegations, often without verifying the facts,
while excluding significant information that challenges this narrative and
reflects the disastrous reality of the Agua Zarca Hydroelectric Project.
We condemn
the report’s efforts to re-write history to ignore DESA’s responsibility for
the violence in the area, and instead blame the communities. The report ignores the systematic violence
and repression carried out by people associated with DESA, in conjunction with
agents of the Honduran government, to silence the opposition to the
project.
Furthermore,
we reject the forceful imposition of western notions of development that in
reality are the plundering of Lenca territory and our cosmovision and
spirituality. The report treats the Agua
Zarca Project as a magical solution for ‘development’ to be imposed no matter
how many lives it costs.
We denounce
that this report was set up to serve the interests of FMO and the Agua Zarca
Project. The report includes numerous
problems that could be the subject of a lengthy paper, but to start with it is
important to establish and clarify that:
●
FMO choose
and oriented the Mission members. The
biases of FMO were reflected in the comments of one of the Mission members on
the first day of the Mission, before even visiting the communities. From what we understand, FMO also paid for
the Mission.
●
This
Mission's visit to the communities impacted by the Agua Zarca Project was
extremely superficial and short. There
was not sufficient time or capacity to verify or investigate allegations.
●
The Mission
spent only 2 hours during its visit to ‘La Tejera’, and did not have time to take
testimonies of victims of violence and retaliation for opposing the
project. Nor was there time for the
Mission to learn about the Lenca culture, which the report denigrates, nor the
significance of the Gualcarque River for the Lenca people. In fact, COPINH members in Rio Blanco invited
the Mission to go with them to the sacred Gualcarque River and see how the
project affects them, and the Mission’s response was that it did not have time.
●
The Mission
excluded testimony from people in communities other than ‘La Tejera’ who oppose
the project and it did not provide a safe space or mechanism for people in
communities other than ‘La Tejera’ to share their problems with the project
without fear of retaliation. The Mission
repeats DESA’s claim that all communities besides ‘La Tejera’ support the
project, when in reality their visit was set up so that it was extremely
dangerous for someone to speak against the project, and they literally ignored
testimony that was provided or attempted to be provided. This is evidenced by:
o
The Mission
completely ignored the testimony provided by a resident of Valle de Angeles who
had his home burned for speaking out against the Agua Zarca project and was
shot at by violent men connected to DESA in Valle de Angeles.
o
Despite
being informed of the presence of violent men in Valle de Angeles who have a
history of attacking and threatening those who oppose the Agua Zarca Project,
the Mission choose to hold its only meeting
with 5 affected communities in Valle de Angeles, making it extremely unlikely
they would receive testimony against the Agua Zarca Project, given that one
would be risking being subsequently attacked or shot to do so.
o
The Mission
did not create a safe space or mechanism for people who oppose the dam in other
communities to talk with them despite being warned of the violence and
repercussions people in the region face for speaking out against the
project. For instance, the Mission could
have easily provided a phone number in the communities for people who wished to
provide testimony but were afraid to do so given the circumstances of the
meeting, to contact them for a confidential meeting. Yet the Mission failed to do this, despite
COPINH informing them of the history of violence by men affiliated with
DESA.
o
The Mission
literally refused to take the testimony of persons with problems with DESA in
San Francisco de Ojuera whose contact information was provided to the Mission
and who even tried calling one of the Mission members.
o
By its own
estimation, only 30 people spoke at the community meetings the Mission held,
which supposedly represented 7 communities (La Tejera, El Barrial, Valle de
Angeles, San Ramon, Santa Fe, La Estancia and Las Leonas). In La Tejera, 8-10 people spoke, so that
leaves approximately 20-22 people to represent 6 communities, about 3-4 people
per community, and definitively not enough to determine the predominant view in
a community. On the basis of this very
limited sampling, and in complete disregard for the DESA employees or violent men
associated with DESA who could have been present, the Mission makes far-reaching
conclusions.
●
The Mission
failed to meet with important actors that would have provided important
information about the human rights violations related to the Agua Zarca Project:
o
The Mission
did not meet with the Special Prosecutor for Indigenous Rights and Cultural
Patrimony, despite COPINH’s recommendation to do so, and the fact that this is
the government entity prosecuting several legal cases related to the Agua Zarca
Project, including the legal cases against the Mayor of Intibuca and the Vice
Minister of SERNA for violating the Lenca people’s right to free, prior, and
informed consultation when providing the permits for the project.
o
The Mission
did not meet with anybody investigating or prosecuting Berta Caceres’ murder
case, and the report does not even try to address the context and history of
the threats against Berta Caceres.
o
Similarly,
the Mission did not meet with the family of Berta Caceres, despite the fact that
the report was motivated by the assassination of Berta. Luckily, one of Berta’s daughters was at
COPINH’s center when the Mission came, but the Mission tried to leave before
she could speak, and she had to request they listen to her.
o
The Mission
did not meet with several other actors recommended by COPINH, including human
rights organizations who have followed the situation.
●
The Mission quotes the Mayor of La Esperanza about the ‘need for private
investment in the area,’ despite that fact that his jurisdiction does not even
include the project area.
●
The
Mission’s report contributes to the criminalization of COPINH and the protests
of the communities who oppose the imposition of the project by making
assertions and repeating grave allegations on behalf of persons linked DESA
without investigating or verifying the reality.
The report does not even consider the criminalization campaign against
COPINH by DESA and the Honduran government, despite the fact that COPINH has
publicly denounced it and human rights organizations publicly criticized that
the spurious charges against Berta Caceres for opposing the project, brought by
DESA and the Honduran government.
●
The report
ignores the systemic nature of the violence, death threats, and repression by
DESA employees and persons connected to DESA against those who oppose the
project, the control they have in the region through violence, and the effect
the repression has on if people are able to speak out against the project. The section on ‘Allegations of Violence,
Intimidation, and Corruption’ is extremely superficial and does not consider
nor investigate the majority of attacks.
It is worth noting that:
o
The report
completely ignores the murders of William Jacobo Rodriguez and Maycol
Rodriguez, both members of COPINH.
o
The Mission
did not take testimony of victims of violence or threats by DESA employees
during its visit to Rio Blanco.
o
The report
ignores COPINH’s public communiqués about threats, attacks, hit men and
murders, as well as other public articles and interviews about the threats and
violence in the region, as well as a document sent to the Mission detailing
many of these incidents. A real analysis
of the systematic repression and the hit men in the region would expose DESA as
source of aggressions, violence, and terror.
o
The report
blames the victim. It literally
attributes the violence in the region to the ‘dissatisfaction of the community
of La Tejera with the socialization process’ and other factors, none of which
actually explain violent incidents. It
suggests the communities are violently attacking each other, while DESA has its
head in the sand, and can express ‘complete surprise’ when one of its senior
employees is indicted for the murder of Berta Caceres. The report does not even consider DESA as a cause
of violence nor the implications of the fact that DESA employees and people
associated with DESA have been threatening and attacking those who oppose the
project for years. The report does not
even try to investigate who is responsible for instigating and financing the
violence.
●
The report
distorts and manipulates the concepts relating to international obligations in
ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples.
o
There was
not free, prior, and informed consultation nor consent for DESA’s Agua Zarca
Hydroelectric Project on the Gualcarque River.
The report tries to justify this in several ways, but that does not
change the fact that none of the actions by the Honduran state and DESA
constitute a process in which the communities were able to make a free, prior,
and informed decision. It is important
to mention that the actions by the state took place after the approval of the project. Moreover, the report completely ignores that
the Lenca people of Rio Blanco met in October 2010 to declare their rejection
of a dam on the Gualcarque River, and again rejected the project during
meetings with the mayor in 2011. The
project was imposed in violation of the will of the Lenca people. The report ignores the 2010 rejection of the
project, despite the fact they were informed of this on two occasions.
o
Free, prior,
and informed consultation is not something applied at the discretion of
businesses, banks, or states. Honduras
has ratified ILO Convention 169 and it is a binding international standard,
meaning it is obligatory. The lack of
compliance with this fundamental right of the Indigenous Peoples constitutes in
and of itself an illegality.
o
The
responsibility of ensuring compliance with international conventions is not the
exclusive responsibility of the state, it is also a responsibility of companies
and banks. The fact that the Honduran
government did not comply with the requirement of free, prior, and informed
consent prior to authorizing the project means that banks, such as FMO,
Finnfund, and CABEI, should not have signed contracts to finance to this
project. We denounce that the report
tries to excuse the behavior of the banks instead of examining the implications
of the fact that they financed a project in flagrant violation of the rights of
the Lenca people.
o
The lack of
a national law or regulation regarding the implementation of free, prior, and
informed consultation is not an obstacle to complying with it. This international convention is a law in and
of itself and should be respected.
●
The report
attempts to discredit information provided by COPINH, claiming lack of evidence
or insufficient information. For
instance, the report states ‘The Mission
has not received any evidence supporting the falsification of signatures’
despite the fact that people whose signatures were falsified have denounced
this in a video that is publicly available and COPINH sent the link for the
video to the Mission. This is in stark
contrast to its treatment of information from DESA and prior consultants; information
from the prior consultants or DESA is repeated as fact, often without
verification. This is illustrative of
the imbalance and inequality that characterized the process of the report.
●
Another
example of this inequality in how information is treated is that the report
falsely repeats the claim of prior consultants there are ‘no traditional authorities in place’ in Lenca communities even
though it then contradicts that by admitting COPINH informed them of the
Indigenous Council and Council of Elders.
Then it bizarrely claims ‘The
Mission was not informed of these bodies and did not have the opportunity to
meet with them’ when COPINH in fact arranged a meeting for the Mission with
the President of the Indigenous Council of Rio Blanco and other members of the
Council as well as the Council of Elders spoke to the Mission during its visit
to Rio Blanco.
●
The report
does not even try to understand Indigenous cosmovision or visions of
development based on Indigenous self-determination and harmony with the river
and Mother Earth. It does not even
consider the right to self-determination about models of development. It operates on a western worldview that
dismisses Indigenous culture, cosmovision, and way of life. The report is premised on the false
assumption that the Agua Zarca Project is a magic bullet for ‘development’ and
creates the false dichotomy between poverty or the project, despite the fact
that the report itself admits the majority of jobs are short-term. We reject the imposition of western and
colonial notions of ‘development’ that in reality are the plundering of our
territory, spirituality, and cosmovision.
The report’s
clear bias results in a manipulation of reality to suit the interests of
justifying the continuation of the project.
The report’s true interest in justifying the project despite the human
lives taken is shown in its statement that ‘The
lenders could also have insisted on a more strategic and comprehensive
communication management by DESA when opposition to the Project started to gain
traction in the international domain.
The failure by DESA to adequately and comprehensively manage information
about the Project has allowed opponents to gain traction with their campaign,
garner significant international support and open access to networks of
resources. This has had a corollary negative reputational impact on the
lenders.’ We ask what concern is
there for the negative impact on the lives of those murdered and their
families? Is the problem actually the
grave violations of human rights or the international attention these have
generated?
No report
will change the fact that human beings have been violently killed for opposing
the Agua Zarca Project. Nor does the
report change the fact that this project flagrantly violates the right of the
Lenca people to free, prior and informed consultation and consent, as well as
our right to defend our sacred river.
Even if banks cannot understand why the river is sacred, that does not
give them the right to denigrate our rights and culture. Even with its manipulations, the report
cannot change the reality that this project was illegally approved and has been
violently imposed. The threats to our
lives and physical integrity continue.
We demand
that the FMO, Finn Fund, and the Central American Bank for Economic Integration
(CABEI) immediately and definitively withdraw from the Agua Zarca Hydroelectric
Project. We also demand FMO, Finn Fund,
and CABEI never again invest in projects that violate the right of free, prior,
and informed consultation. In addition
to immediately exiting the project, the banks must take responsibility for the
death and destruction the Agua Zarca Hydroelectric Project has caused and make
reparations to those affected, including communal reparations to the
communities in the region.
We affirm
our struggle for life, for our right to coexist and live in harmony with Mother
Earth. We continue our struggle in
defense of the Gualcarque River in the spirit of Berta Caceres, Tomas Garcia,
Wiliam Rodriguez, Maycol Rodriguez, and the spirits of the female children that
join us in defending this sacred river.
