Tegucigalpa, 17 de marzo de
2016.- A
15 días del asesinato de Berta Cáceres Flores, las autoridades hondureñas
siguen sin escuchar las voces quienes exigimos justicia mediante una
investigación independiente e imparcial.
El
pasado 6 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó
medidas de protección para garantizar nuestra vida e integridad (familiares de
Berta, e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH)), y también para
que se garantice nuestro derecho a defender derechos humanos, en condiciones de
seguridad. A su vez, la CIDH solicitó que se realizara una investigación
efectiva del asesinato de nuestra lideresa, defensora del pueblo lenca y de los
bienes comunes y de la naturaleza.
Para
consensuar la forma de cumplimiento de las medidas de protección dictadas por
la CIDH, nosotras, las hijas e hijo de Berta, el COPINH y nuestros
representantes legales, hemos participado en reuniones con el Secretario de
Seguridad Pública, con altos mandos de la Policía Nacional Civil y con el secretario
y la subsecretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización. Hemos presentado, por escrito, solicitudes concretas sobre
la investigación del asesinato, sobre nuestra protección física y sobre las medidas
para evitar que continúe la violencia hacia el pueblo Lenca. Hasta el día
de hoy no hemos recibido una respuesta formal de las autoridades sobre la
propuesta planteada.
Asimismo,
solicitamos reuniones con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández,
y con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla, quienes ni
siquiera nos han respondido.
En
relación con el proceso de investigación, le solicitamos al Estado que pida
asistencia técnica a la CIDH, formando un grupo
de personas con experiencia y reconocida trayectoria en investigación criminal,
que apoye técnicamente las investigaciones internas y que tenga la capacidad de
participar activamente en todas las diligencias, así como de sugerir
rectificaciones y presentar denuncias, entre otras funciones. De esta manera,
consideramos que se estaría garantizando una investigación transparente,
independiente e imparcial que preserve el derecho a la verdad y la justicia.
Por
su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
así como el Fiscal General de la República emitieron comunicados públicos sobre
la asesoría que dará la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de sus representantes en Honduras.
De acuerdo con la Fiscalía General, en el marco de este apoyo, se estaría
solicitando a dicha instancia “certifique la transparencia y estricto apego” de
la Fiscalía al mandato constitucional y legal en el proceso de investigación.
También le piden “el acompañamiento para refrendar la objetividad e
imparcialidad en la conducción de todo el proceso investigativo.”
Considerando
lo dicho públicamente por las autoridades, el pasado 16 de marzo las hijas de
Berta y representantes del COPINH participamos en una reunión con la señora
Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras y con el
señor Félix Gómez, funcionario del mismo órgano internacional, a efectos de
conocer los alcances de su participación en las investigaciones. Ellos manifestaron
que su mandato no incluye realizar
investigación criminal, que no tienen la experiencia para hacerlo y que no
participarán directamente en el proceso. Aclararon que harán una observación
desde una perspectiva de derechos humanos y desde ese ámbito formularán
recomendaciones al Estado.
Es
preocupante que el Estado hondureño, sin embargo, pretenda confundir a la comunidad nacional e internacional sobre lo que será
la participación de la OACNUDH en el caso. Está claro que este órgano internacional
no tiene la competencia para participar activamente en una investigación
independiente e imparcial del asesinato de Berta pero el Estado insiste en
desviar la atención, provocando que no llegue esa presencia internacional que
sí pueda cumplir con el objetivo deseado.
También
es de nuestro conocimiento que la participación de autoridades de investigación
vinculadas con el gobierno estadounidense (FBI) sería limitada y más allá de
eso, no consideramos que esta sustituya nuestras demandas de independencia e
imparcialidad.
Las
autoridades hondureñas no están escuchando nuestros reclamos para que se haga
justicia. Es por ello que denunciamos la falta
de voluntad política para garantizar una investigación transparente, independiente y de acuerdo con los más
altos estándares internacionales. Es evidente que el discurso oficial no se
corresponde con la realidad. Cada día que pasa observamos con dolor e
impotencia cómo la justicia sigue perdiendo batallas contra la impunidad, ante
la desidia del Estado.
Manifestamos
nuestra desconfianza en el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio
Público y responsabilizamos a las autoridades de impedir nuestro derecho a
participar en el proceso investigativo.
Finalmente,
reiteramos nuestra demanda de #JusticiaParaBerta,
mediante la participación de un grupo de personas expertas independientes y de
trayectoria internacional.
Olivia, Bertha, Laura y
Salvador Zúniga Cáceres
El Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Con el acompañamiento y
representación legal del
Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia y del
Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL)
