El COPINH rechaza y condena las acusaciones que han vertido Germán Alfaro, comandante de FUSINA, y Roger Pineda, representante de la Corporación Dinat -de Miguel Facusse-, de manera mal intencionada, violenta, atentatorias contra la integridad de la compañera Anny Bird, ciudadana estadounidense, defensora internacional de derechos humanos, reconocida por su compromiso con las causas históricas, justas, por la paz y el respeto a los derechos individuales y colectivos.
Es clara la política de terror, criminalización e intimidación, que despliega el gobierno de Juan Orlando Hernández contra las misiones internacionales de derechos humanos, solidaridad y humanitarias en Honduras. Esta hoy se expresa contra nuestra compañera Anny Bird, quien ha acompañado no sólo al COPINH, sino a muchas organizaciones sociales en Honduras, desde hace muchos años.
Exigimos a Roger Pineda y a German Alfaro que se retracten y se disculpen públicamente ante este ataque de odio, que pone en alto riesgo la vida, la integridad física y emocional de la compañera Anny Bird. Exigimos a las instancias correspondientes políticas y judiciales de Honduras, que procedan de oficio contra estos dos individuos, por acusar de manera calumniosa y manipuladora. Igualmente exigimos a la embajada estadounidense que dé explicaciones públicas si es con su visto bueno que se perpetra este ataque sistemático y peligroso.
Sabemos que los señores Facusse, Pineda y Alfaro, han estado inquietos ante el avance del proceso que desnuda, incluso ante la banca financiera internacional como el Banco Mundial, sus proyectos de saqueo, violadores de derechos humanos, plagados de ilegalidades, que ponen en duda el otorgamiento de financiamientos. Esto sucede también ante las denuncias de violaciones graves de derechos humanos en el Aguan y en la Moskitia hondureña. La compañera Anny ha estado como observadora de derechos humanos en estos procesos, actuando de manera cuidadosa y responsable en beneficio de la vida, de la integridad y de la seguridad del campesinado y de la población en general en esos sectores.
Demandamos que se ponga fin a estas campañas de odio. Exigimos al Gobierno de Honduras y al Gobierno de Estados Unidos el respeto al derecho de acompañar la observancia de derechos humanos en Honduras, con garantías plenas y cooperación, reconociendo que es una contribución al derecho a la vida, a la transparencia y que es un aporte universal a los derechos humanos establecidos en el derecho internacional. Hacemos responsable al Gobierno de Honduras por los daños físicos, síquicos, emocionales o políticos que pueda sufrir esta defensora de derechos humanos.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse ante el Gobierno de Honduras y de Estados Unidos frente a este hecho lamentable que amenaza hoy a la compañera Anny Bird. Les pedimos que puedan impulsar y realizar acciones urgentes para denunciar y frenar esta política de terrorismo de Estado.
Dado en Intibucá, a los 16 días del mes de julio del 2014.
¡Solidaridad con Anny Bird, compañera y hermana en las luchas del pueblo hondureño!
**-----------------------
Peligrosas declaraciones del Comandante de la FUSINA, sobre la Co-directora de Rights Action, Annie Bird
Esta mañana, por el canal 11 de Honduras, el coronel German Alfaro, comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), hizo delicadísimas declaraciones acerca de la presencia y trabajo de la activista y defensora de los derechos humanos estadounidense, Annie Bird, en Honduras.
En una notoria y grave manipulación de información, Alfaro acusó a Bird de haber ingresado ilegalmente al país, de promover invasiones de tierra en el Bajo Aguán y de desprestigiar internacionalmente a Honduras a través de decenas de organizaciones y medios de comunicación de todo el mundo, incluso a través de Al Jazeera, agencia de noticias según el, bajo el control de Al Qaeda, organización terrorista responsabilizada por el gobierno de Estados Unidos, de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York.
Alfaro compareció en el programa televisivo junto a Jorge Pineda, alto ejecutivo de la Corporación DINANT propiedad de Miguel Facussé, uno de los tres empresarios más ricos del país, con grandes intereses en la región del Bajo Aguán, quien compartió la acusación de que la defensora de derechos humanos promueve las invasiones de tierras en la zona.
No es la primera vez que el coronel Alfaro se refiere a ella en esos términos. A finales del 2013 expresó como Comandante de la Fuerza de Tarea “Xatruch”, instalada en la región del Bajo Aguán, que ella "anda haciendo unas labores de desestabilización en el sector del Aguán”, lo que provocó de inmediato, una cascada de pronunciamientos de rechazo a esas acusaciones, de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Annie Bird es co-directora de la organización defensora de derechos humanos "Rights Action", que desde hace varios años monitorea las violaciones los derechos humanos en la región centroamericana y de manera particular, de los de sectores de la población altamente vulnerables de la población hondureña, tal es el caso del campesinado del Bajo Aguán, que vive permanentemente en una especie de estado de sitio.
Su actividad se intensificó a partir del golpe de estado de junio del 2009, en la misma medida en que se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos en esa región, que suma ya más de un centenar de muertes derivadas del conflicto de tierras.
El trabajo de Bird incomoda porque descubre lo que las autoridades civiles y militares quieren que se mantenga oculto.
Algunos ejemplos
Caso Ahuás
Un informe alternativo sobre una fracasada operación antidrogas realizada en el municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios, el s11 de mayo del 2012, de cuya investigación y elaboración fue parte en representación Rights Action junto Alex Main, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), concluyó que la investigación del Ministerio Público presentaba graves irregularidades , incluyendo omisiones de testimonios claves de la policía hondureña que señalan que la DEA (Drug Enforcement Administration) estaba a cargo del operativo y podría tener la responsabilidad final por las muertes que ocurrieron, dos mujeres (por lo menos una de ellas estaba embarazada), un hombre, y un adolescente de 14 años.
Los investigadores concluyeron que "“El informe del Ministerio Público ni siquiera intenta establecer quién es el responsable final de los asesinatos. En vez, parece estar enfocado en absolver a la DEA de cualquier responsabilidad directa en los asesinatos, particularmente a través de omisiones de testimonios claves.”
En la presentación del informe, Annie Bird manifestó “La investigación de los asesinatos fue, en el mejor de los casos, parcial, o en el peor de los casos, manipulada intencionalmente... En cualquiera de los casos, es sumamente preocupante que el Departamento de Estado y la DEA defiendan la investigación, a pesar de que un detective de la policía de Estados Unidos empleado por la embajada estadounidense debe haber estado bien al tanto de sus defectos.”
Nueva Esperanza
En julio del 2013, Bird denunció a través de una alerta de Rights Action que dos acompañantes del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), de nacionalidades suiza y francesa, fueron secuestrados en la comunidad de Nueva Esperanza, del departamento de Atlántida, durante dos horas y media, por hombres armados que vigilan las obras de la empresa Minerales Victoria propiedad de Lenir Pérez, yerno del Miguel Facussé.
Señaló igualmente, que los hombres armados llevaban casi dos meses en esa comunidad campesina, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera. Y que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas por temor, sin respuesta alguna de parte de las autoridades, alertadas oportunamente.
Para muestra un botón. El caso de El Tumbador
Para nadie es desconocido que también en el Bajo Aguán hay grandes intereses del todopoderoso empresario Miguel Facusse.
Este logró quedarse con una buena parte de las tierras del productivo Valle del Aguán, gracias a que durante el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas, se aprobó un decreto que permitió que los campesinos que las habían obtenido durante el abortado proceso de reforma agraria, se las vendieran.
Armas en mano, hombres que pertenecen a Orión, la empresa de seguridad que protege los intereses de Facusse y otros grandes terratenientes, intimidan permanentemente a los grupos campesinos que aún se mantienen en la zona, con el propósito de que se vayan, igual que los pobladores de Nueva Esperanza.
Estos responsabilizan a esos hombres, supuestamente entrenados por paramilitares colombianos, de las muertes de muchos de sus compañeros que hasta ahora se mantienen en la impunidad.
En un informe sobre la situación, elaborado y presentado por Annie Bird a finales de febrero del 2013 bajo el nombre“Violaciones de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas militares en el valle del bajo Aguán en Honduras”, registro 34 actos de violencia y otros crímenes atribuidos a los militares hondureños de 15 ª Batallón de Infantería (Fuerzas Especiales), con sede en el departamento de Colón. El documento señala que 88 miembros del movimiento campesino han muerto como consecuencia de los mismos.
También registra entre muchos otros hechos lo que sucedió el 15 de noviembre del 2010, en la finca El Tumbador, de municipio de Trujillo, cuando entre 150 y 200 guardias de seguridad de Facussé Barjum, propietario de la Corporación Dinant, atacaron con armas de grueso calibre a miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), con el trágico saldo de cuatro labriegos muertos en el sitio y un quinto, que apareció ejecutado en otro lugar, con tres disparos de fusil AR-15 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en su rostro.
El informe hace señalamientos relevantes sobre este caso:
· Los campesinos informaron que las fuerzas de seguridad que los atacaron eran vestidos con uniformes color negro de Orión pasamontañas.
· Informaron que se arrojaron a los matorrales para cubrirse, cuando se inició el ataque con una ametralladora montada en un trípode que identificaron como un M-60, un arma automática cuestión militar.
· La base del 15 Batallón de Río Claro se encuentra a pocos minutos del lugar del tiroteo, pero no acudieron para saber que estaba sucediendo
· Los testimonios recibidos indican una muy estrecha relación de trabajo entre el 15 Batallón y la empresa de seguridad empleado por Orión.
Estos tres, de los muchos casos sobre los que ha informado Rigths Action, ponen de manifiesto la delicada labor del Annie Bird y los grandes intereses que hay detrás de sus investigaciones y denuncias, permitiendo comprender mejor, las razones de la campaña que se ha montado en su contra.
