Ayer se desarrolló la audiencia para juramentar dos peritas
(análisis financiero y análisis de telecomunicaciones) propuestas por el
Ministerio Público previo a la audiencia de proposición de pruebas.
A partir de estas audiencias ya el proceso judicial del
caso de la compañera Berta Cáceres y el compañero Gustavo Castro se
desarrollarán en el Tribunal de Sentencia de jurisdicción nacional, con un
tribunal fijo conformado por tres jueces.
En resumen la audiencia de juramentación de los peritos
reflejó la situación del país: el Ministerio Público en supuesta representación
de los intereses comunes, actuando de manera tímida frente a los poderosos. El
dinero, representado por las defensas privadas de los criminales de DESA,
obstaculizando cualquier posibilidad para la búsqueda de la verdad. Y por
último, como vivo reflejo de Honduras, la sala militarizada por miembros del
ejército con armas de asalto tratando de intimidar a los espectadores.
En dicha audiencia se vivió el inicio del juicio del caso
de Berta, una pruebita de lo tortuoso de un proceso judicial que ni siquiera
intenta nombrar a los autores intelectuales, sino exculpar al Estado diciendo
que se hace justicia en el caso emblemático de Honduras.
La audiencia de juramentación de peritos se suspendió para
cumplir con los caprichos de la defensa, entre ellos la representación privada
de Sergio Rodríguez (gerente social, ambiental y de comunicación de DESA)
compuesta por exclusivos abogados, Celeste Cerrato y Jair López y además por el
abogado Juan Cantillano que fue el que acusó a la compañera Berta en
representación de DESA en el pasado y va a ser reanudada el próximo viernes 2
de febrero.
La audiencia de proposición de pruebas queda en suspenso.
