El supuesto delito consiste en que los 3 compañeros estaban sembrando su
milpa, su sustento de vida y la práctica ancestral del pueblo Lenca, en un área
supuestamente de vocación forestal, de lo cual no había sido informada, de
ninguna manera, la comunidad indígena de San Pedrito y en un terreno que ha
sido trabajado por la familia de los compañeros por parte de sus abuelos y
abuelas por más de medio siglo.
Las instituciones públicas y funcionarios públicos como Ovidio Carranza
(técnico de la fiscalía) y Dina Marisol Reyes (técnica del ICF) junto con
comisiones de la DPI, FUSINA y la Policía Nacional, rápidamente se trasladaron
a realizar una inspección en el área y capturar a los tres compañeros, después
de una supuesta denuncia, cosa que no sucede cuando se denuncia a un
terrateniente o a una empresa como DESA que ha destruido gran parte del bosque
de Río Blanco que protege y nutre al río Gualcarque. Las autoridades le dijeron
a los compañeros que debían pagar, por el delito de sembrar su comida, la
cantidad de Lps.10,000.00 cada uno, lo cual no fue aceptado, puesto que no
disponen de tal cantidad de dinero, además de ser una agresión contra los
derechos de las comunidades indígenas de realizar sus prácticas ancestrales
fundamentales como lo es la cosecha de maíz.
El COPINH denuncia que después de haber sido procesados por negarse a pagar
una multa desproporcionada e injusta, el juez Mario Josue Pineda Guardado del
Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibucá sentenció a 3 años de
reclusión a los compañeros por el delito de “roturación de terreno de vocación
forestal en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras” por sembrar
maíz en la tierra que sus padres y abuelos han sembrado para el sustento de su
familia y comunidad.
Las comunidades indígenas somos las principales defensoras y protectoras de
los bienes comunes de la naturaleza y el medio ambiente, en la defensa de
nuestros territorios han muerto asesinados compañeros y compañeras como Tomás
García y Berta Cáceres, no como el Estado de Honduras que concesiona los
territorios y despoja a las comunidades para que empresas nacionales y
transnacionales se lucren de la destrucción de los bosques, ríos y montañas. El
Estado hondureño se arrodilla indignamente a los intereses económicos
transnacionales mientras que con prisa encarcela a los pueblos indígenas por
cosechar la tierra.
El Juzgado Segundo de Letras de Intibucá pretende encarcelar a los
compañeros por cometer el crimen de ser indígenas, pertenecer a una comunidad
empobrecida por los terratenientes y autoridades corruptas y por cosechar el
maíz, sustento de sus familias.
El proceso judicial en el cual fueron condenados los compañeros obvia los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas y muestra de manera descarada
la ignorancia por parte los operadores de justicia de los estándares
internacionales en materia de pueblos indígenas, o su descarada intención de
criminalizar a las comunidades Lencas.
Las comunidades indígenas tenemos derecho a que se nos consulte de manera
previa y libre toda medida que afecte nuestros territorios o nuestros derechos,
incluyendo las declaraciones de áreas forestales, la ausencia de dicha consulta
invalida cualquier persecución que se pretenda hacer a miembros de la
comunidad. El Consejo Indígena de San Pedrito reclama que desconocen del área
forestal y que, además, las autoridades han cometido errores en sus
investigaciones.
La persecución a estos 3 compañeros hace parte de una estrategia por parte
del Estado hondureño de criminalizar a las comunidades Lencas y asediar
nuestros territorios, para luego venderlos o regalarlos a cambio de favores
políticos o sobornos. Y tienen que ver con la preparación del terreno para
amedrentar a las comunidades y luego otorgar sus tierras ya sea para la venta
de madera a Europa con los AVA FLEGT, privatizar los bosques con los Redd+ o
concesionar los territorios para el saqueo extractivista, minero y energético.
Acerca del proceso judicial que condenó a nuestros compañeros, el COPINH
denuncia que:
• Se obviaron y negaron los derechos fundamentales como pueblos indígenas.
• Existen inconsistencias y contradicciones en los dictámenes de Ovidio
Carranza y Marisol Reyes, en los que se basa la acusación.
• Se les acusa de haber roturado un área mucho mayor al área en la que han
trabajado.
• La Alcaldía de Intibucá realizó una inspección y concluyó que esta área
es de cultivo y no tiene carácter forestal.
En estos momentos el caso está en manos de la Corte de Apelaciones de
Comayagua a la cual el equipo de abogados del COPINH ha hecho llegar una
apelación a la sentencia de 3 años de reclusión para los 3 compañeros.
Hacemos un llamado urgente al movimiento social y popular de Honduras, a
las organizaciones e instituciones de DDHH, a la OACNUDH y a la solidaridad
internacional para que insten a los miembros de la Corte de Apelaciones de
Comayagua que no permitan que se violen los derechos fundamentales a la vida y
la realización de las prácticas ancestrales del pueblo Lenca, mediante la
ratificación de la condena a nuestros 3 compañeros de la comunidad de San
Pedrito.
Corte de Apelaciones de Comayagua Tel: 504-2772-0176, 504-2772-0136
@COPINHHONDURAS @PJdeHonduras
¡Con la fuerza ancestral de Bertha, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se
levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
Dado en la Ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 6 días del mes de
septiembre del 2017
el hashtag #NoMásInjusticia
