Honduras,
16 de Mayo del 2016
Presidente Jim Yong Kim
World Bank Group
1818 H Street NW
Washington, DC 20009
Presidente Jim Yong Kim,
Estamos
indignados por las declaraciones vertidas en relación al asesinato de nuestra
querida Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Nacional Indígena y
Popular de Honduras (COPINH), crimen cometido el 2 de marzo del 2016.
En
su discurso en la ciudad de Nueva York el 6 de abril de 2016, después de
expresar condolencias, usted defendió la necesidad de desalojar comunidades en
Honduras para dar entrada a proyectos energéticos, y declaró que no es posible
“hacer el trabajo que estamos tratando de hacer y que este tipo de incidentes
no ocurran."
No
fue claro si con eso usted se refirió al despojo de comunidades o al asesinato
de nuestra compañera, hemos perdido cientos de compañeros por los mismos
motivos. Sin embargo este punto es
irrelevante ya que siempre sus declaraciones justifican violaciones graves y
demuestran un desfase fundamental con el mandato del Banco Mundial, la
eliminación de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. La realidad es lo opuesto, no es posible
realizar el trabajo que por mandato deben realizar cuando crímenes como este
ocurren.
Nosotros,
al igual que lo hizo Berta, despertamos cada día con la conciencia que nuestras
vidas están en riesgo por esta razón.
Usted llegó a afirmar
que cuando tales "incidentes," suceden el Banco Mundial tiene que “ser
honesto acerca de cuándo sucede, admitirlo y luego tratar de encontrar la
mejor solución que podamos." Le pedimos ahora hacer precisamente eso.
Como
planteamos a Jorge Familiar en una reunión realizada el día 7 de abril, comunidades indígenas y campesinas a
lo largo de Honduras están bajo ataque violento, son muchos defensores de sus
comunidades asesinadas como Berta, lo cual nos empuja hacia mayores niveles de
pobreza. Dado estas condiciones el
Banco Mundial debe suspender el financiamiento a Honduras, tanto al sector público como privado, hasta que existan
condiciones justas y reales mínimas para que las comunidades indígenas y
campesinas puedan defender sus derechos y sobre todo que estas poblaciones
milenarias puedan decidir libremente sobre sus territorios. Además, debe de
haber una revisión independiente de las políticas y proyectos promovidos por el
Banco Mundial que han contribuido a crear esta terrible realidad.
En
Honduras el sistema de justicia no es funcional y no protege los derechos
fundamentales de la población, en particular los de los pobres. El desarrollo
equitativo, capaz de eliminar la pobreza y promover la prosperidad compartida,
lo cual es el mandato del Banco Mundial, no puede ocurrir cuando el estado esta
permeado por corrupción, por medio de la cual somete los organismos de justicia
y seguridad a defender de manera arbitraria a los intereses de los sectores de
poder económico. La impunidad y la persecución maliciosa de defensores
comunitarias en el sistema de justicia facilitan niveles extremas de violencia
y despojo. En este contexto, el racismo
se convierte en fenómeno estructural político- económico, lo cual provoca
mayores niveles de pobreza y la privación de derechos de las comunidades
indígenas y campesinas.
El
Banco Mundial ha promovido la reestructuración de la administración de tierras
en Honduras[i],
un proceso continuo desde 1990 a la fecha, este proceso ha contribuido al
despojo ilegal de tierras indígenas y campesinas en escala masiva. Los nuevos
programas de administración facilitan el registro de tierras poseídas
ilegalmente, despojando comunidades indígenas y campesinos de Honduras a través
de actos de violencia y fraude.
Este
problema de extensión de títulos anulables fue identificado por el Panel de
Inspección en relación a las comunidades Garífunas.[ii] Sin embargo, el Banco Mundial no llevó
a cabo ninguna acción para investigar la ocupación de las tierras por parte de
terceros identificados en el informe del Panel de Inspección ni siquiera en el
caso de las comunidades Garífunas, mucho menos en relación a las tierras
indígenas y campesinas en todo el país.
La
inversión internacional y privada promovido por el Banco Mundial superpuesta en
este contexto ha generado violaciones de los derechos humanos, la falta de
acceso a la justicia, la violencia, la corrupción y la impunidad.
En
la actualidad existe una carrera para impulsar inversiones en la producción de
energía hidroeléctrica, eólica, solar, la producción de biocombustibles, la
minería, respaldados con inversiones de la Corporación Financiera Internacional
(IFC), tanto a través de inversiones directas, como préstamos a menudo a través
de intermediarias financieras.
Decenas
de concesiones para realizar estas actividades fueron otorgadas en concesiones en
2009, durante un régimen de facto producto del golpe del Estado, el cual no fue
reconocido por la comunidad internacional. Las leyes nacionales e
internacionales relativas a los permisos ambientales y consulta con las
comunidades afectadas han sido violadas sistemáticamente.
Además,
las comunidades vecinas no perciben ni el más mínimo beneficio de los
proyectos, los cuales están acaparados por inversionistas ajenos; lo único que
percibe los vecinos son los daños.
Es
paradójico que en Honduras se ha invertido fuertes cantidades de dinero por
parte de USAID y otros, sin embargo la situación de justicia
cada día es más precaria.[iii] De la misma manera ha rehusado
cooperar con instancias internacionales de derecho, tal como los fallos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,[iv]
así como la solicitud de la participación de grupos de expertos en la investigación
criminal a través de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
el caso del asesinato de Berta Cáceres como en los crímenes en el Bajo
Aguan. El Gobierno de
Honduras ha faltado también en implementar medidas de protección ordenadas por
la CIDH, en la comunidad Tolupan Locomapa, en el caso de Berta Cáceres, y
muchos más.
Mientras
que el gobierno de Honduras cada día apuesta por la injusticia, niega aceptar
la asistencia internacional necesaria, se rehúsa aplicar las resoluciones vinculantes
de los órganos jurídicos internacionales, no es posible que el Banco Mundial
siga financiando inversiones que provocan la militarización del país,
destrucción del ambiente, desojo, desplazamiento, violencia, pobreza y muerte
en las comunidades más vulnerables.
Como
se explica que el IFC, desconozca dónde y cómo están siendo canalizados y
utilizados los recursos y quienes verdaderamente son los beneficiarios de los
mismos? Esta realidad está ampliamente documentada en estudios internos del
Banco Mundial; se hizo claro en relación a los pueblos de Honduras por medio de
la respuesta a la queja en contra de 49 concesiones para producción energética
y de minería interpuesta por Berta Cáceres como Coordinadora General de COPINH
hace un año. Desde Honduras lo que
sabemos es que han profundizado la pobreza y han fortalecido un reducido grupo
de empresarios y políticos inescrupulosos y violentos.
Exigimos,
en consecuencia, al Banco Mundial que suspenda de manera inmediata el
desembolso de financiamiento ya aprobado y la aprobación de nuevos
financiamientos al Estado, así como, el que ha sido destinado para inversiones
privadas en Honduras.
Sinceramente,
Tomas Gómez
Coordinador General
Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras [COPINH]
Miriam Miranda
Coordinadora General
Organización Fraternal Negra de
Honduras (OFRANEH)
Martin Fernández
Coordinador General
Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia (MADJ)
Jaime Cabrera
Secretario General
Plataforma Agraria Regional del
Bajo Aguan
[i] Los
préstamos del Banco Mundial más relevantes que han promovido este desastre
humano son: Préstamo de Ajuste Estructural II (3257-HO); El crédito agrícola de
ajuste del sector (Crédito 2540-HO); Programa de Administración de Tierras
Rurales (AIF-29400, 29401 AIF, PPFO-p9360); y el Programa de Administración de
Tierras de Honduras (PATH) (3858-HO); Además, el Proyecto de Desarrollo
Municipal Piloto (Préstamo 2583-HO) promovió la nueva Ley de Municipalidades de
1990.
[ii] En
respuesta a los impactos negativos del Programa PATH en las comunidades
garífunas, en 2006 la federación garífuna OFRANEH presentó una queja al Panel
de Inspección del Banco Mundial. El Panel de Inspección encontró mérito de la
queja, identificando que el proyecto podría contribuir a la desaparición de los
títulos y las reivindicaciones de tierras colectivas en poder de los pueblos
indígenas, el apoderamiento ilegal de dichos tierras por personas ajenas, y que
el proyecto no pudo proteger la integridad cultural o la base económica de
algunas de las comunidades más pobres.
[iii] Los
movimientos campesinos del Bajo Aguán desde Septiembre 2014 han solicitado al
gobierno de Honduras que firma un acuerdo con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para establecer un grupo internacional de expertos para
investigar más de 150 asesinatos relacionados en el contexto del conflicto de
tierras en el Bajo Aguan, y un grupo parecido de expertos para revisar la
legalidad de las transferencias de títulos de propiedad que dieron origen al
conflicto. COPINH y la familia de Berta Cáceres también han
solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca un
grupo de expertos internacionales independientes para investigar el asesinato
de Berta. El Gobierno ha rehusado
aceptar la apertura de la CIDH prestar ese apoyo.
[iv] En
octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno
de Honduras restaurar tierras tomadas ilegalmente de las comunidades garífuna
de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra a través de programas promovidos por el
Banco Mundial. Más de seis meses han pasado desde que la sentencia fue
emitida, y el gobierno no ha realizado ninguna comunicación con las comunidades
para el cumplimiento de la resolución.
