(abajo en ingles) El pasado 2 de mayo nos enteramos por la prensa de
las acciones del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) que tuvieron como resultado la captura de cuatro
presuntos responsables del asesinato de nuestra Berta, a saber: Edilson Duarte
Meza (ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA)), Mariano Díaz Chávez, (instructor de
la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales
del Ejército), y Douglas Geovanny Bustillo, (teniente retirado de las Fuerzas
Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de la misma empresa DESA).
Entendemos que luego fue capturado Emerson Eusebio Duarte Meza y el MP ha
señalado que una persona de nombre Henry Javier Hernández habría participado en
los hechos pero no ha sido capturada.
En el transcurso de la semana, nuestros abogados
intentaron conocer los detalles de las diligencias investigativas, para tales
efectos, se presentaron ante las oficinas del Ministerio Público, realizaron
llamadas a los y las fiscales a cargo así como a personal de la ATIC. Todos los
esfuerzos fueron infructuosos pues siempre se les negó el acceso a la
información disponible, en contraposición a la normativa interna hondureña que
nos permite participar como víctimas en el proceso penal.
El viernes 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia para
conocer la acusación del MP en contra de los cuatro imputados, la cual se
extendió hasta el día sábado. En este acto ante el Juzgado de Jurisdicción
Nacional, pudimos participar como familia y a través de nuestros representantes
legales. También hubo observación de representantes de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Con base en la información que consta en el
expediente presentado ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, aclaramos lo
siguiente:
- Existen suficientes indicios que señalan
que el asesinato de Berta Cáceres tuvo como motivación su lucha contra la
construcción del proyecto Agua Zarca a cargo de la empresa DESA.
- Las diligencias más importantes
que sustentan la investigación del MP son: a) la intervención y vaciados
telefónicos a varias personas acusadas como partícipes en el crimen; b) un
dictamen de balística practicado a una arma de fuego que sería la arma homicida;
c) los dictámenes de autopsia de Berta Cáceres y el dictamen clínico sobre la
evaluación practicada a Gustavo Castro; d) varias diligencias sobre
investigaciones de campo, tales como la inspección ocular, entrevistas, entre
otros.
Ahora bien, los hallazgos antes señalados,
si bien son positivos, resultan insuficientes e incompletos a efectos de identificar
la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato de nuestra
madre, hija y compañera y de esclarecer plenamente la responsabilidad de la
empresa DESA y de otros actores institucionales en los hechos. En tal sentido,
sostenemos las siguientes preocupaciones:
- No hay exhaustividad en la
investigación. No se conocen acciones o diligencias de
investigación exhaustivas para determinar a la totalidad de autores
intelectuales. Es decir, no se ha investigado la posible vinculación de otros
miembros del ejército ni la responsabilidad institucional de este cuerpo de
seguridad en los hechos. Tampoco constan diligencias sobre la participación y/o
la responsabilidad de los directivos o grupos económicos que conforman la
empresa DESA.
- No hay individualización de
acciones. El requerimiento fiscal no individualiza responsabilidades para
ninguna de las personas imputadas y solo se hacen aseveraciones generales como
grupo delictivo.
- Prueba ausente. No consta en el expediente
judicial que alguno de los hombres capturados haya confesado su participación
en el crimen, de hecho en la audiencia inicial todos lo negaron. Tampoco consta
ningún video que muestre la forma cómo se ejecutó el asesinato. Contrario a lo
que sostiene la ATIC en diversos medios de comunicación.
- Revictimización y falta de acceso
a la información. La jueza Lisseth Vallecillo Banegas, ante nuestra
solicitud para conocer los avances de las investigaciones, indica que si bien
reconoce nuestro derecho, no es competente para ordenarle al Ministerio Público
que nos brinde información pues “esta
facultad de dirigir la investigación y promover la acción penal corresponde al
ente fiscal por lo que el órgano jurisdiccional no se puede entrometer en las
actividades de otra institución”. Es decir, nuevamente sin fundamento legal
alguno se nos excluye del proceso de investigación y se nos revictimiza.
CON EL OBJETIVO DE QUE SE SEPA LA
VERDAD, SE HAGA JUSTICIA Y
NO HAYA IMPUNIDAD PARA NINGUNO DE
LOS RESPONSABLES,
NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL ESTADO
DE HONDURAS:
- Se acepte la
participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través
de ella, el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas
expertas que coadyuve en las investigaciones en torno al asesinato de
nuestra madre, hija y compañera, de manera que se profundice y reoriente
la investigación para que incluya a todas las autorías, particularmente aquellos
que tomaron la decisión de ejecutar el crimen.
- Se nos permita
ser parte activa del proceso de investigación y se nos brinde acceso
irrestricto a la información disponible sobre el caso.
- El cese de la
revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Cáceres,
así como se implementen medidas de protección integrales que eviten la
continuación de las amenazas.
Consideramos urgente que la Fiscalía de Derechos
Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la
OACNUDH, en el marco de sus mandatos, se pronuncien sobre los derechos a la
verdad y acceso a la justicia a los que tenemos las víctimas en un proceso de esta
naturaleza.
Apelamos a la solidaridad nacional e internacional
para que se escuchen las voces de la familia y del COPINH y se insista ante las
autoridades nacionales en corregir las deficiencias denunciadas así como se
acepten las peticiones referidas.
Reiteramos que buscamos que haya verdad y justicia en el
asesinato de nuestra Berta, si se logra, ganamos todos y todas.
¡Berta Vive!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes
de mayo de 2016.
Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra
Bertha Flores y
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas. de Honduras, COPINH
Con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y
del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
________________________________________________
Findings regarding Berta Caceres´s assasination are insufficient.
Last May 2nd we found out, through the media, of the actions taken by the Attorney General’s office (AG) and the Technical Criminal Investigation Agency (ATIC in Spanish), which resulted in the capture of four people presumably responsible for the assassination of our beloved Berta. They are: Edilson Duarte Meza (triggerman), Sergio Rodriguez (Manager for social and environmental issues for the company ‘Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)), Mariano Díaz Chávez (Instructor for the Military Police for Public Order and Special Forces Army Major), and Douglas Geovanny Bustillo (Retired Lieutenant for the Armed Forces and former director for security of DESA). We know that soon after, Emerson Eusebio Duarte Meza, was captured, and that the AG office pointed out a person named Henry Javier Hernández, who presumably participated in the act and has yet to be captured.
Throughout the week, our lawyers attempted to know the details of the investigation, for this reason, they turned to the Attorney General’s office, made calls to the prosecutors in charge, and the ATIC. However, each of these efforts failed and we still have no access to the information, which violates the Honduran domestic legislation which allows us to participate as victims in the criminal proceeding.
On Friday, 6th of May, a hearing to challenge the AG’s accusation against the four defendants, took place and lasted until Saturday. In this act before the Court of National Jurisdiction, we were able to participate as a family and through our legal representatives. There was also the monitoring presence of UN’s High Commission on Human Rights (OHCHR) representatives.
Based on the information contained in the investigation file submitted before the Court of National Jurisdiction, we clarify the following:
• There is sufficient evidence indicating that the murder of Berta Cáceres was motivated by the construction of Agua Zarca dam owned by DESA.
• The most important measures that support the AG’s investigation are:
a) Telephone records of persons accused of being participants in the crime;
b) Ballistic testing of the firearm presumed to be the murder weapon;
c) The evaluation of Berta Caceres’ autopsy and the clinical opinion of the evaluation practiced on Gustavo Castro;
d) Several proceedings about investigations conducted in the field, such as eyewitness accounts, and interviews, among others
• The most important measures that support the AG’s investigation are:
a) Telephone records of persons accused of being participants in the crime;
b) Ballistic testing of the firearm presumed to be the murder weapon;
c) The evaluation of Berta Caceres’ autopsy and the clinical opinion of the evaluation practiced on Gustavo Castro;
d) Several proceedings about investigations conducted in the field, such as eyewitness accounts, and interviews, among others
However, the aforementioned findings, although positive, are insufficient and incomplete in order to identify all those responsible for the murder of our mother, daughter and partner, and to fully clarify the responsibility of DESA and other institutional actors implicated in the event.
In this regard, we hold the following concerns:
• There hasn’t been a thorough investigation. We do not know of any actions or thorough proceedings to determine all the intellectual authors of the crime. That is, there have not been investigations on the possible involvement of other army members and/or the institutional involvement of this security apparatus in the crime. Nor proceedings on the participation and / or responsibility of the directors or economic stakeholders that make up DESA.
• There are no particular accusations. The indictment does not specify which role each defendant played and only alludes to them in general statements as a criminal group.
• Absence of evidence. There is nothing in the court file about the confessions from the captured men presumably involved in the crime, in fact, at the initial hearing they all denied it. Further, there’s no video that shows how the murder was executed, contrary to what has been said by the ATIC to the media.
• Re-victimization and lack of access to information. In regards to our request to have access to information about the case, Judge Lisseth Vallecillo Banegas stated that she recognized our right, but that she was not qualified to order the Public Prosecutor to provide us information since, "the authority to direct the investigation and promote the criminal accusation corresponds to the prosecutorial body, thus the judicial branch cannot intervene in the activities of another institution." Thereby, without any legal basis, we were excluded –once again- from the process of investigation and re-victimized.
• There are no particular accusations. The indictment does not specify which role each defendant played and only alludes to them in general statements as a criminal group.
• Absence of evidence. There is nothing in the court file about the confessions from the captured men presumably involved in the crime, in fact, at the initial hearing they all denied it. Further, there’s no video that shows how the murder was executed, contrary to what has been said by the ATIC to the media.
• Re-victimization and lack of access to information. In regards to our request to have access to information about the case, Judge Lisseth Vallecillo Banegas stated that she recognized our right, but that she was not qualified to order the Public Prosecutor to provide us information since, "the authority to direct the investigation and promote the criminal accusation corresponds to the prosecutorial body, thus the judicial branch cannot intervene in the activities of another institution." Thereby, without any legal basis, we were excluded –once again- from the process of investigation and re-victimized.
WITH THE OBJECTIVE OF LETTING THE TRUTH BE KNOWN, THAT JUSTICE BE DONE WITHOUT IMPUNITY FOR THOSE RESPONSIBLE,
WE RENEW OUR REQUEST TO THE HONDURAN AUTHORITIES:
WE RENEW OUR REQUEST TO THE HONDURAN AUTHORITIES:
• To accept the participation of the Inter-American Commission on Human Rights and with its support to appoint an interdisciplinary group of experts to contribute in the investigation of the murder of our mother, daughter and partner, in order to strength and re-direct the investigation to include all authors, particularly those who took the decision to execute the crime.
• To be allowed to participate with an active role in the investigation process, and to be provided of unrestricted access to the case file.
• The cessation of our re-victimization as mother, daughters and son of Berta Caceres, and the implementation of comprehensive protection measures to prevent the continuous threats.
• To be allowed to participate with an active role in the investigation process, and to be provided of unrestricted access to the case file.
• The cessation of our re-victimization as mother, daughters and son of Berta Caceres, and the implementation of comprehensive protection measures to prevent the continuous threats.
We urge the Human Rights Prosecutor, the National Commissioner of Human Rights ( CONADEH) and the UNHCHR, within their mandates’ framework, to take action with pronouncements about the victims’ right to truth and access to justice in a process of this nature.
We appeal to national and international solidarity groups to hear the voices of the family and COPINH, and to insist that the Honduran authorities amend the deficiencies denounced above and accept our requests.
We reiterate that all we seek is truth and justice in the murder of our Berta, if achieved, we all win.
