Unos días después del asesinato de nuestra querida Bertita ocurrido el pasado 2 de marzo, solicitamos a las autoridades hondureñas la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a efectos de que se realizara una investigación criminal independiente e imparcial de los hechos a través del nombramiento de un grupo de personas expertas.
Nosotras, las hijas e hijo de Berta Cáceres Flores: Olivia, Berta, Laura y Salvador, todos de apellidos Zúniga Cáceres, así como su madre: Austra Bertha Flores, nos convencimos de la importancia de contar con personas expertas que pudieran ayudar al Ministerio Público en el proceso de investigación ante la secretividad que se dictó y que nos impidió el acceso pleno al expediente; asimismo, consideramos que los antecedentes de criminalización que el MP ejerció contra nuestra Berta, los altos índices de impunidad en este tipo de casos así como las irregularidades que se cometieron al inicio de la investigación constituían elementos relevantes que justificaban una decidida supervisión internacional.
Esta petición fue presentada en forma oral y escrita ante el Secretario de Estado en el Despacho de
Seguridad Pública, el Secretario de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la Sub Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y el Fiscal General de la República.
Seguridad Pública, el Secretario de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la Sub Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y el Fiscal General de la República.
Hasta el día de hoy, no hemos recibido una respuesta formal a la propuesta que se realizó, en su lugar, diversas autoridades han emitido pronunciamientos públicos para confundir el rol que actores internacionales estarían jugando en el proceso. Así por ejemplo, el Estado informó que contaba con la asesoría de dos agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), además que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) habría aceptado darles apoyo técnico “de acuerdo con su mandato y metodología” y más recientemente se hizo pública la inminente intervención de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el proceso investigativo.
En su gira por la Ciudad de Washington DC, el señor Canciller hondureño Arturo Corrales sostuvo diversas reuniones en las que se refirió –de manera informal- a la propuesta que hicimos los familiares, señalando que la CIDH no tiene la competencia para involucrarse en un caso en el que todavía no hay denegación de justicia, por otra parte no quieren generar respuestas casuísticas sino acciones que fortalezcan a las instituciones del país y finalmente insisten en que la participación de los otros actores internacionales (FBI, OACNUDH y MACCIH) ya debe generar confianza.
Esta posición estatal no resuelve nuestras preocupaciones, nos genera más dudas, y nos obliga nuevamente a pronunciarnos de la siguiente manera:
1. Se nos está negando nuestro derecho de participar activamente en el proceso. Por una decisión institucional del Ministerio Público y ratificada por el Juzgado de la Esperanza, nuestra familia tiene acceso limitado al expediente, no hemos podido conocer el plan de investigación trazado ni las diligencias que ha llevado a cabo el MP (más allá de lo que se ha informado a los medios de comunicación). La pregunta que nos surge es ¿Por qué se nos niega este derecho?
2. Toda intervención internacional que no haya considerado nuestra posición abona a la desconfianza ya existente. No se ha aclarado cuál es el rol que está jugando el FBI en la investigación, máxime cuando hay preocupaciones en torno al financiamiento que en el pasado reciente dio la USAID a la empresa DESA (principal implicada en amenazas contra nuestra Berta). La OACNUDH señaló que su apoyo técnico estaría vinculado con su mandato de observación en materia de derechos humanos y no así en la coadyuvancia de la investigación criminal, además se desconoce si este órgano ha tenido acceso a la información del expediente y de qué forma se está concretando el citado “apoyo”. La MACCIH no tiene mandato para investigar el asesinato de una defensora de los derechos humanos ya que su principal objetivo es la investigación criminal de casos de corrupción, adicionalmente éste órgano todavía no tiene una estructura de funcionamiento en Honduras ni cuenta con la experiencia profesional para investigar en este tipo de casos. Como hondureños nos preocupa que se pretenda desviar la atención de la propia MACCIH para que no atienda los casos de corrupción que originaron su existencia o –pero aún- se utilice el caso de nuestra Berta para legitimar una instancia que nace cuestionada.
3. La CIDH es el órgano de la OEA competente para intervenir en este tipo de procesos. Existe al menos una experiencia reciente de la CIDH en la que se nombró un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) para investigar el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México. Esta iniciativa ha sido apoyada por numerosos actores nacionales e internacionales y ocurre en el marco de las competencias que tiene la CIDH de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano. El propio Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que había solicitado al Canciller hondureño su apoyo para crear este grupo de expertos en Honduras. Para que la CIDH intervenga en el momento actual no es necesario ningún tipo de agotamiento de recursos internos ni tampoco interfiere con sus facultades de supervisión. Entonces: ¿Por qué el Estado de Honduras rechaza una opción de trabajo que garantiza la independencia de la investigación? ¿A quién le teme o a quien se encubre?
De conformidad con estos últimos acontecimientos solicitamos
a la comunidad internacional:
a la comunidad internacional:
Insistir ante las autoridades hondureñas para que acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de ella, el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas expertas que coadyuve en las investigaciones en torno al asesinato de nuestra madre e hija.
Solicitar que se nos permita ser parte activa del proceso de investigación y se nos brinde acceso irrestricto a la información disponible sobre el caso.
Exhortar a las autoridades para que aborden las causas que generaron el asesinato de nuestra Berta y por lo tanto se revoquen todas las concesiones que fueron otorgadas irregularmente sobre el territorio lenca.
Exigir al Estado de Honduras que cese la revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, así como se implementen medidas de protección integrales que eviten la continuación de las amenazas.
Finalmente, solicitamos al FBI, a la MACCIH y a la OACNUDH, que aclaren los alcances de su participación en el proceso investigativo y se abstengan de brindar cualquier tipo de asesoría hasta tanto no se garantice nuestra plena participación.
Dado en La Esperanza, Intibucá el día 13 de abril de 2016.
