Tegucigalpa,
1 de abril de 2016. El día de ayer, el Ministerio
Público emitió un comunicado que actualiza el estado de las investigaciones
relacionadas con el asesinato de nuestra madre y compañera Berta Cáceres
Flores. Nos resulta indignante y revictimizante enterarnos de este tipo de
información a través de la prensa y no mediante un diálogo formal con las
autoridades, como es nuestro derecho y lo hemos venido solicitando desde que
ocurrió el asesinato.
El pasado 29 de marzo, luego de un acto de protesta
pública frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, fuimos
finalmente recibidos por el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla y parte
de su equipo.
En esa reunión se plantearon una serie de preocupaciones
y preguntas en torno a la forma cómo se están llevando las investigaciones,
entre otras cosas, se cuestionó la falta de acciones para determinar la
responsabilidad de los funcionarios públicos que presuntamente intentaron
manipular evidencias, que formularon una hipótesis inicial no vinculada a las
principales amenazas que tuvo nuestra madre y compañera; se pidió aclarar el
involucramiento del FBI así como los vínculos que existen entre personas
cercanas a la empresa DESA y personal del MP que lidera la estrategia de
investigación; además se solicitó permitir que Gustavo Castro regresara a su
país y finalmente se pidió conocer las razones por las cuales se había negado
formalmente la posibilidad de que participemos en esta etapa investigativa y
tengamos acceso a la información respectiva y el por qué no se acepta una
comisión de personas expertas e independientes que coadyuven en las
investigaciones. Ver carta completa aquí: https://www.copinh.org/article/carta-publica-tenemos-derecho-a-creer-que-ustedes-/
En esa reunión, el Fiscal General aseguró que nos
permitiría participar en las investigaciones y que contestaría al día siguiente
(30 de marzo) por escrito las interrogantes planteadas, en ese mismo acto
también el Director de Fiscales, Arturo Duarte, manifestó que se retiraría del
caso. Pese a lo anterior, la respuesta escrita no ha llegado hasta el día de
hoy y ante una visita de los abogados de la familia y del COPINH al
Ministerio
Público en la Esperanza, Intibucá, las fiscales en la zona nuevamente negaron el
acceso a la información sobre las diligencias investigativas. También
desconocemos si se hizo efectiva la salida del caso del señor Duarte. Lo único
positivo derivado de esta reunión es que se haya autorizado finalmente la
salida del país del testigo Gustavo Castro Soto. Vale destacar que las
autoridades sólo han reaccionado gracias a la presión de la comunidad nacional
e internacional pero no por voluntad propia.
Por
todo lo anterior reiteramos nuestra desconfianza a las acciones que está
realizando el Ministerio Público, por cuanto:
·
no se ha aclarado ninguna de las dudas
que hemos expresado;
·
no se nos ha permitido participar
activamente en el proceso:
·
la escasa información que recibimos es
confusa y hasta contradictoria, por ejemplo seguimos sin entender ¿cuál es el
rol del FBI en el proceso?, o ¿qué tipo de apoyo técnico brindará la oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)?.
Se desprende del comunicado hecho por el MP, que las
diligencias de investigación sobre la empresa DESA, principal fuente de amenaza
para nuestra madre y compañera, no fueron realizadas sino hasta el pasado 13 de
marzo, es decir 11 días después de ocurridos los hechos. Esto significa que la
acción del Ministerio Público fue tardía y que dicha empresa pudo haber tenido
el tiempo suficiente para ocultar una posible participación en los hechos.
En conclusión, la información que se ha dado a conocer
públicamente es insuficiente y no responde adecuadamente a nuestras
preocupaciones. De hecho, se manipula a la opinión pública al hacer creer que
las investigaciones se hacen en colaboración con el COPINH. Si bien, se ha
brindado información para que se investigue, esto no significa que se hayan escuchado
los planteamientos que hemos hecho.
Tenemos derecho a participar activamente, tenemos derecho
a desconfiar de una institucionalidad que no fue capaz de proteger a nuestra
madre y compañera Berta y que en Honduras no garantiza justicia, tenemos derecho
a dudar de una investigación que ha sido manipulada desde sus inicios.
Ante la secretividad y la falta de transparencia, ante la
ausencia de garantías institucionales, ante el afán de invisibilizarnos y
revictimizarnos, y cumpliéndose casi un mes desde que ocurrió el asesinato de
nuestra querida Bertita, decimos BASTA DE JUEGOS Y PERVERSIÓN, ESCUCHEN
NUESTRAS VOCES, QUEREMOS UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE PERSONAS EXPERTAS Y
ACCESO PLENO A LA INFORMACIÓN, RECTIFIQUEN SUS ACTUACIONES Y CUMPLAN CON LAS
MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Olivia, Bertha, Laura y Salvador, todos de
apellidos Zuniga Cáceres
Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y
Populares de Honduras (COPINH)
Con el acompañamiento y representación legal
del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ) y
del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL)
