– 24 OCTUBRE, 2013
La Jueza Lissien Lisseth Knight, el Fiscal Henry Alexander Pineda
y el Abogado Juan Carlos Sanchez Cantiyano,
Violan Los Derechos Humanos En Honduras
y el Abogado Juan Carlos Sanchez Cantiyano,
Violan Los Derechos Humanos En Honduras
Muy lejos de procurar el Estado de Derecho en Honduras, la Jueza, el Fiscal y el Abogado, al servicio de los intereses de las empresas privadas, han lanzado una persecusión política y ofensiva ilegal e infundada contra Bertha Cáceres, Tomas Gómez y Aureliano Molina, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Su “delito” es defender los territorios indígenas de Río Blanco contra la construcción de la hidroeléctrica de la empresa DESA.
El gobierno de Honduras ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Convenio 169 de la OIT sin embargo las medidas impuestas por la mencionada Jueza muestran claras violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faltas al debido proceso, falta de pruebas, falsas acusaciones y prohibiciones ilegales de libre tránsito contra las y los compañeros del COPINH.
A unas semanas de las elecciones en Honduras, el gobierno pretende callar todas las voces de protesta y movilización social en defensa de la tierra y de los territorios, de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas, y poner al servicio de las empresas privadas la imposición de sus intereses de inversiónen materia de minería, represas, monocultivos como la palma de aceite, entre otras. Por ello, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero rechaza las acusaciones falsas contra los miembros del COPINH/M4 y exige el irrestricto cumplimiento del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de sus instrumentos internacionales; la revocación de las sentencias contra los miembros del COPINH, la libre determinación de las comunidades de Río Blanco y la eliminación de los megaproyectos que afectan sus territorios y los derechos humanos.
Del mismo modo exigimos se establezcan las responsabilidades penales de la empresa DESA y las autoridades de gobierno que han violado el debido proceso, así como una debida investigación sobre el asesinato de Tomás García.
¡DE PANAMÁ A CANADÁ, LA MINERÍA NO VA!
MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA
EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
