|
“Por qué la justicia hondureña castiga a la gente que defiende sus recursos naturales?, es la pregunta que se hace Gustavo Cáceres hermano de Bertha Isabel Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras, COPINH, a quien le han dictado prisión preventiva, en la audiencia celebrada este viernes en los juzgados de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.
Mientras se desarrollaba la audiencia, cientos de personas, en las afueras de los juzgados, gritaban consignas en apoyo y solidaridad con Bertha Cáceres y con los dirigentes Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño a quienes les dictaron medidas sustitutivas.
Al conocer los resultados de la audiencia, la indignación creció más en las organizaciones y pueblos que llegaron a apoyar a Cáceres y a los dirigentes indígenas, y de inmediato se declararon en movilización permanente para exigir la libertad de la coordinadora del Copinh y advirtieron que van a seguir defendiendo los bienes naturales, el río Gualcarque, rechazando el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y todos aquellos proyectos que afecten a la población.
“Le pido a la comunidad internacional su apoyo para que acudamos a los instrumentos legales que tenemos los pueblos originarios”, agregó Gustavo Cáceres.
Acusaciones
Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño fueron acusados en el juzgado de Primero de Letras Departamental de Intibucá, por los delitos de usurpación, coacciones y daños continuados, contra la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) que realiza el proyecto energético Agua Zarca, ubicado en la aldea Río Blanco, en Intibucá.
Según el Ministerio Público, los acusados son los autores intelectuales de inducir a pobladores de la zona a provocar daños materiales a la empresa DESA, que ascienden a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras, según las evidencias presentadas por los afectados.
Directivos de la Empresa Desarrollo Energéticos acusaron a los pobladores de destruirles la infraestructura del plantel donde funciona el proyecto Agua Zarca, las habitaciones, bodegas y que quemaron los generadores y la maquinaria, hasta impedir el ingreso del personal que labora en el proyecto, donde también están algunos asesores extranjeros.
Como pruebas, el Ministerio Público presentó una denuncia interpuesta por el alcalde municipal Martiniano Domínguez, otra de la apoderada Legal de la empresa DESA, Carolina Castillo, quienes adjuntaron videos y fotografías de los daños causados en el plantel donde se realiza el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El pueblo se opone
Río Blanco es una comunidad indígena lenca que decidió tomarse una parte del camino hacia el proyecto Agua Zarca. “La decisión fue de la comunidad el 1 de abril de este año, se hizo porque no aceptamos que nos quiten el rio Gualcarque donde toman agua los animalitos y se riegan los terrenos donde cosechamos los alimentos para nuestra familia”, dijo Adelaida Sánchez, habitante de la comunidad.
Marcelina, otra de las indígenas que hacen resistencia en el sector, afirma que la empresa ha cortado centenares de árboles que el pueblo ha cuidado durante toda la vida y que los habitantes no pueden bañar en el río Gualcarque que tiene un significado espiritual para la población.
Según consta en un comunicado del COPINH, la toma de la carretera es parte de un proceso de consultas, debates y decisiones de más de cuarenta asambleas indígenas donde se reafirmó el rechazo a dicho proyecto, así como a las empresas DESA, SINOHYDRO y a la alemana Voith Hydro, a la militarización de la región dispuesta por el gobierno y a la persecución judicial y política contra líderes del Copinh.
Empresas violadoras de derechos humanos
Sinohydro es una empresa transnacional de China Continental y una de las principales en la instalación de proyectos hidroeléctricos a nivel mundial y de extracción minera que ha sido sancionada y suspendidos sus proyectos en diferentes países por la violación a los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, Venezuela, Etiopía y Sudan entre otros.
DESA y SINOHYDRO son las empresas responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos individuales y al territorio ancestral del pueblo lenca, pese a que SINOHYDRO tiene compromisos suscritos y obligaciones legales en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente, caso declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, derechos de consulta previa, libre e informada, Convención sobre los derechos de los niños, convenio No. 169 de la OIT y demás que contemplan su misma declaración de política comunitaria. Todos estos instrumentos internacionales han sido violentados. Igual compromiso tiene Desarrollos Energéticos, S.A. DESA, e igualmente los ha violentado.
|
|
