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Este lunes 15 de julio mientras se cumplían 106 días de resistencia por parte de la comunidad lenca de Río Blanco, en Honduras, mediante plantones pacíficos de bloqueo de ingreso a la región de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Ejército disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes asesinando a uno de los líderes de la resistencia, Tomás García e hiriendo seriamente a su hijo.
Tomás, indígena lenca, formaba parte del Consejo Indígena y Auxiliar de su comunidad y del Consejo Nacional del Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El luchador hondureño fue abatido en momentos en que se desplazaba junto a miembros de su comunidad hacia las instalaciones del proyecto, sustentado por las empresas Desa y Sinohydro, en tanto su hijo sufrió heridas de bala de grueso calibre, se encuentra hospitalizado y su vida corre serio riesgo, informó a Radio Mundo RealBerta Cáceres, dirigente del COPINH antes de trasladarse a Río Blanco este lunes.
Berta calificó la acción como una “reacción desesperada y criminal” por parte de las empresas que buscan represar el río Gualcarque, lo cual afectaría tremendamente a las comunidades que allí viven. Para ello, cuentan con el apoyo del Ejército hondureño, señaló Berta y corren con los gastos de traslado y mantenimiento de fuertes contingentes movilizados por el gobierno de Tegucigalpa hacia la región de Río Blanco.
Mientras la noche caía sobre la región, el COPINH informaba del traslado de nuevos contingentes de militares hacia la región desde Zacapa, Santa Bárbara y se temía por nuevos episodios de fuego contra los civiles que velaban al luchador indígena asesinado.
“La comunidad está muy indignada, tenemos mucho dolor pero también la convicción de que hay que seguir con ánimo y con esperanza”, dijo Berta en contacto telefónico. “A medida que se acercan las elecciones (noviembre) quieren tomar al COPINH como una organización para escarmentar”, explicó y señaló que, de inmediato, la comunidad decidió mantener la toma de las vías de acceso al predio.
Algunas horas antes de los hechos, el COPINH había denunciado que el viernes 12, vehículos de la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) –que junto al consorcio de origen chino Sinohydro lleva adelante el proyecto- trasladaron personal jerárquico del mismo quienes se reunieron con reconocidos sicarios de la zona, responsables de amenazas directas a varios miembros del consejo indígena, entre ellos Tomás García.
Antes de iniciarse la balacera contra los civiles, cuando los manifestantes no arribaban al punto de corte, no medió ningún tipo de diálogo de parte de los militares, dice Berta.
La propia dirigente del COPINH fue detenida ilegalmente en el mes de mayo por lo cual fue sometida a un juicio acusatorio por presunta portación ilegal de arma de fuego lo cual no fue probado en el juzgado y finalmente resultó archivado.
La dirigente resaltó que, como en esa oportunidad, en los nuevos casos de represión contra los habitantes de la comunidad Río Blanco, urge la solidaridad internacional reclamando a las autoridades civiles, militares y de ambas empresas por este asesinato.
“Sabemos que nos enfrentamos a una estrategia de impunidad en un contexto en que camina a profundizar este tipo de acciones represivas”, indicó Berta, aunque aclaró que la voluntad de las comunidades en defensa de un territorio de alto valor cultural y ancestral se ve fortalecida frente a estas situaciones de violencia estatal y privada.
De hecho, el río Gualcarque se lo considera parte fundamental de la espiritualidad lenca y las comunidades enfrentan los proyectos empresarios como tributo a la figura emblemática de dicha cultura, Lempira.
“Seguimos firmes en la lucha, no arrinconarse, no permitir que nos encarcele el miedo y seguir en esa batalla por la vida, pacífica pero enérgica, así vamos a seguir sin desmayar”, señaló Berta en enlace telefónico.
