São Paulo, 11 de junio de 2013
A las autoridades judiciales del municipio de Santa Bárbara, Honduras
A los magistrados de la Corte Suprema de Honduras
A las empresas responsables del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (DESA-SINOHIDRO y banco FICOSAH)
A la opinión pública hondureña e internacional
A nombre de la Marcha Mundial de las Mujeres, movimiento internacional que reúne a grupos organizados de mujeres en más de 60 países en todo el mundo que luchan contra todas las formas de desigualdad y de discriminación contra las mujeres, expresamos nuestra preocupación por los reiterados episodios de violencia contra líderes sociales en Honduras provocados por fuerzas estatales y también por mercenarios contratados por empresas, terratenientes y consorcios varios, de lo cual dan cuenta testimonios nacionales como diferentes informes de observación internacionales.
Asimismo, realizamos un reclamo a vuestras instituciones de cara al juzgamiento a la luchadora por los derechos indígenas en su país, Berta Cáceres, por considerarlo ilegítimo, ilegal y de alto riesgo para su seguridad personal y la de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En las últimas semanas, hemos tenido noticias de la persecución e infame criminalización contra dicha luchadora social por los derechos de los pueblos originarios de Honduras, sus territorios y cultura, a quien injustificadamente y sin pruebas formales se le ha abierto un expediente judicial en su contra por supuesta portación ilegal de arma de fuego.
El expediente judicial fue iniciado el viernes 24 de mayo de 2013 siguiendo a la detención ilegal de Berta Cáceres y del comunicador indígena Tomás Gómez, ambos miembros del COPINH, en momentos en que se trasladaban hacia la región del pueblo originario Lenca, quienes se movilizaban contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. De concretarse su instalación, la represa desplazaría a centenares de familias indígenas del noroccidente hondureño. En dicho operativo participaron miembros del Ejército hondureño y posteriormente de la policía. Berta y Tomás han testimoniado que los agentes concurrieron a la detención del vehículo de COPINH en móviles identificados con el consorcio responsable de la construcción de la presa (DESA -SINOHIDRO y banco FICOSAH).
La detención de los miembros del COPINH da cuenta de la grave tendencia a la militarización de la policía en Honduras. El proceder de las fuerzas armadas y de seguridad hondureñas es violatorio de los derechos humanos de los luchadores y las luchadoras sociales, ambientales, indígenas y de las mujeres, a quienes no obstante se los acosa de manera sistemática como si fueran “enemigos” y no como ciudadanos y ciudadanas con derechos. Exigimos la inmediata anulación del expediente de Berta Cáceres, y que las autoridades hondureñas y organismos de DDHH internacionales den las garantías necesarias para su desempeño como defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas, campesinas, y de las mujeres hondureñas.
En solidaridad con el pueblo de Honduras,
Atentamente,
Miriam Nobre
Coordinadora del Secretariado Internacional de la
Marcha Mundial de las Mujeres
