Martes 11 de junio de 2013.
Chimaltenango, Guatemala.
Llamamiento a las
autoridades de la República de Honduras
Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la Republica de
Honduras, ETC
A
través del presente medio las organizaciones de la Convergencia de los Pueblos
Ukux Abya Yala expresamos nuestro decidido rechazo a las acciones de persecución, incriminación, e
intimidad ejecutadas ilegalmente por entes del Estado
hondureño contra nuestra compañera BERTA ISABEL CÁCERES FLORES, Coordinado
General del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
–COPINH, organización miembro de nuestra Convergencia, y de otras redes
internacionales por la defensa de los pueblos donde la compañera trabaja
activamente.
Consideramos
las acciones judiciales en contra de la compañera Bertha como el primer paso
para la criminalización del todo el pueblo Lenca, que ha decidido comunitariamente defender el Rio Blanco en
Intibucá, al rechazar y oponerse al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que
involucra al Estado hondureño en la sesión de autorizaciones ilegales a las empresas
transnacionales DESA, SINOHYDRO con la responsabilidad también de FICOHSA, para
apoderar del rio que es parte integral del territorio ancestral Lenca.
Las organizaciones de nuestra Convergencia nos
sumamos a las comunidades Lencas levantan las voces en defensa de los derechos
al uso del territorio ancestral y sus bienes comunes, y en la exigencia de la
libertad definitiva de nuestra compañera Bertha Isabel Cáceres Flores.
Exigimos además la anulación definitiva del proceso judicial, debido a que las
acusaciones en contra de la compañera son fruto de la persecución política
contra la resistencia lenca al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Consideramos que el procedimiento de limitación de las libertades de la compañera y del
compañero Tomás Membreño durante su detención en un ilegítimo retén militar
fueron inadecuadas, debido a la acción sospechosa de elementos de
Ejercito quienes introdujeron un arma en el vehículo de los compañeros, como
supuesta “evidencia”, que se ha utilizado como falso elemento probatorio por la
Fiscalía, siguiéndose el proceso judicial sin mayores investigaciones sobre lo sucedido.
Consideramos que al judicializarse
este caso se le impone la ilegal e ilegítima función al sistema judicial de
perseguir oposiciones políticas a las agrupaciones en el gobierno, y a los
intereses económicos que impulsan proyectos como las hidroeléctricas. Esto para
legalizar la persecución y justificar acciones violatorias a los derechos
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Con lo anteriormente señalado consideramos
ilegítima de trasladar la acción acusatoria inicialmente a cargo del Ministerio
Publico, en la Fiscalía de Santa Bárbara, hacia la Procuraduría General de la
Republica por considerarse en contra de la compañera Bertha el supuesto delito como
un atentado contra la seguridad interna del Estado de Honduras. Todo esto
muestra inequívoca de la persecución política judicializada en contra de las
exigencias por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en el más
amplio ejercicio de sus facultades de organización, movilización y resistencia
a violenta a cualquier política estatal o proyecto privado que atente contra
sus formas de vida cultural, ecológica y material.
Autoridad Tradicional Naso Tjër Di,
Panamá
Centro Pabrú Présbere, Costa Rica
Consejo de Pueblo Indígenas Nahuatl y
Chorotegas MONEXICO, Nicaragua
Coordinación y Convergencia Maya
Waqib´ Kej, Guatemala
Semillas del Sur, Chiapas, México
