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Declaración final del Congreso para la paz
Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.
Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.
Seguimos sosteniendo que la paz no
consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no
podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen
de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del
Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que
vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el
conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de
superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad
y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a
través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los
anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad
con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la
construcción de un país más equitativo.
Consideramos que no podrá construirse
la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la
guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente
al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también
tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto
armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario
empezar por democratizar la búsqueda de la paz.
Saludamos la mesa
de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el
avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición
desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las
insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen
que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no
es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional
que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado
para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en
nuevos escenarios de diálogo.
Para nosotros y nosotras la paz tiene
que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa
que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen
justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis
humanitaria, la democratización del régimen político y de la riqueza, la lucha
contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden,
nuestra apuesta de paz pasa por:
Un nuevo modelo económico que
redistribuya los ingresos y la riqueza, que democratice los medios de
producción y las fuentes de riqueza, cuyo principal objetivo no sea la
acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que
no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección,
el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y
ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el
neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la
financiarización, el despojo y el autoritarismo.
La reinvención de la política,
plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de
lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo
tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un
nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.
Es necesaria una transformación
estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por
legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y
político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor
y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos
urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo
central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los
mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose
hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo
modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y
responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la
agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y
justicia social, así si podemos hablar de paz.
Seguiremos luchando por salud y
educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún
tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de
la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación
son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores
populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género,
economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios
que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia,
gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que
habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la
posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!
Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario
solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable
la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la
territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de
reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con
impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las
Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano,
consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las
comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que
solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y
atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución
de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos
la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva
Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y
saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.
Seguiremos luchando por la suspensión
de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos
expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas
que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los
territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad.
Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos
de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación
del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización
soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de
licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que
protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad
para proteger los territorios.
Proponemos una ley marco de
hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución
de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una
empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional
minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás
bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una
política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.
Buscamos una cultura de la vida que
propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la
re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un
movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la
cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte
y la recreación.
Asumimos el comprimiso de establecer
y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra américa y
especialmente con movimiento sociales y populares que encaminan sus luchas por
la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande.
Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de
Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros.
Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de
lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para
presentar nuestra agenda de país para la vida digna.
Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una
crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas
extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido
durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto armado.
Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios
indígenas, campesinos, afro decendientes, y urbanos; en la sistemática
violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la
precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las
detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven
excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores
rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y
niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino
afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.
En consecuencia, la construcción de
esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios
para la acción política:
1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia,
Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.
2. Promover y establecer una comisión
de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores
intelectuales de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia
de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos
políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias
el cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social
Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y
aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que
le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos
más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello
debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para
el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.
4. La construcción
de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz,
permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y
democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los
sin voz.
5. La construcción
del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática
y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya
tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros,
requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias
que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de
territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas
de diálogos regionales.
Dicho movimiento
debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la
necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la
pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de
paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la
agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de
diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de
impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado
y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el
movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la
movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.
CONGRESO PARA LA
PAZ
PUEBLOS
CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA
