Declaración del Senador Patrick Leahy
Sobre
La Necesidad de Justicia en Honduras
Registro del Congreso
9 de
Noviembre, 2017
Sr. LEAHY. Sr. Presidente, quisiera hablar sobre un tema
de lo cual muchos Senadores están conscientes y de lo cual deben estar
profundamente preocupados.
Recordamos que en las primeras horas
del 3 de Marzo, 2016, Honduras
perdió uno de sus líderes indígenas más valientes y carismáticas, Berta Cáceres. Sra. Cáceres fue la Coordinadora General del
Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ella
fue ultimada por asesinos armados en su hogar en el pueblo de La Esperanza, Intibucá.
Berta Cáceres dedico su vida a la defensa de los derechos indígenas, particularmente
los derechos a la tierra y recursos naturales.
En 2015, ella recibió el prestigioso Premio Goldman para el
Medioambiente por su activismo y liderazgo destacado. COPINH estaba apoyando luchas por tierra en
todo el occidente de Honduras, y por eso – porque ejercitaba derechos
garantizado por la ley Hondureño e internacional – ella y las comunidades que ella
y COPINH apoyaban eran blancos frecuentes de amenazas.
En Rio Blanco, su organización y la comunidad de Rio Blanco fueron amenazadas
frecuentemente por participar en protestas pacíficas para proteger el rio y su
forma de vivir de la construcción de la represa hidroeléctrica, Agua Zarca por DESA,
una represa Hondureño apoyado por bancos internacionales.
Fue como resultado de estas amenazas dirigidas a ella por su apoyo la lucha de Rio Blanco que la
Sra. Cáceres fue otorgada medidas cautelares por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Sin embargo, las
autoridades Hondureños no solamente fallaron en protegerla, también la denigraron
igual a otros activistas como ella.
Berta Cáceres fue una inspiración a la gente en todo el mundo y su
muerte fue una perdida terrible para personas en todas partes. Como dije en
este Cámara el día después de su muerte:
“La pregunta inmediato
es que hará el Presidente Hernández y su gobierno, lo cual con demasiado frecuencia
ha ignorado o pasivamente condonado ataques contra activistas Hondureños, para
apoyar una investigación independiente, juicio y castigo para los responsables
de este crimen atroz. Y también, que
pasos tomara el gobierno para proteger tantos otros, incluyendo miembros de
COPINH, quienes necesitan protección y para defender los derechos de personas
como Berta que ponen en riesgo sus vidas para defender pacíficamente el
medioambiente y sus formas de vida.”
No es sorprendente para quienes
conocen las fuerzas de seguridad estatales de Honduras, que la investigación
del asesinato tuvo un mal inicio. El escenario
del crimen en la casa de Sra. Cáceres fue manipulado y la primera reacción del
gobierno frente el asesinato fue intentar acusar a sus asociados en COPINH. Cuando esto no avanzo, intentaron intimidar
el único testigo presencial del asesinato, Gustavo Castro, un ciudadano Mexicano
quien salió herido. Esto también fracaso.
Gracias a la intensa presión
internacional incluyendo de la Embajada de los Estado Unidos, ocho personas
fueron eventualmente arrestadas incluyendo un oficial de servicio activo en el
ejército y empleados de bajo rango de la empresa hidroeléctrica DESA. Esto es notable porque el asesinato de Berta Cáceres
fue lo más reciente de más de 100 activistas ambientales asesinados que han
sido reportados en Honduras desde 2010. Y
desde su muerte, ha habido otros. Investigadores
de Global Witness, una organización de derechos humanos ampliamente respetado
que documento esos crímenes, fueron sujetos a amenazas y acusaciones falsas por
parte de oficiales Hondureños quienes intentaron descreditar su reporte. Hasta donde tengo conocimiento, ninguna persona
ha sido llevada ante la justicia por esos crímenes y si no fuera por el clamor
internacional no hay razón de pensar que el asesinato de Sra. Cáceres no hubiera
recibido el mismo trato.
Poco después de su asesinato, en
visto de la larga historia de impunidad por los asesinatos de periodistas y
activistas sociales, la familia de Sra. Cáceres
insto el gobierno de Honduras a permitir
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviara un equipo
de expertos legales para realizar su propia investigación. El gobierno de Honduras no solo rechazo la
propuesta sino también el Ministerio Publico ha negado a compartir la mayor
parte de la evidencia con los representantes legales de la familia Cáceres lo
cual es obligado bajo la ley de Honduras.
La familia también solicitó que
expertos forenses independientes sean permitidos a analizar la evidencia balística
e otras evidencias. También el gobierno
de Honduras rechazo esta solicitud.
Igual a la familia de Sra. Cáceres’,
yo también hice un llamado a una investigación independiente e inste que la concesión
otorgada a DESA para el Proyecto Agua Zarca sea abandonado. Claramente no puede coexistir con el pueblo indígena
de Rio Blanco que lo considera una amenaza a su forma de vivir. Mientras algunos bancos internacionales han
retirado, a 20 meses desde el asesinato
de Sra. Cáceres, DESA niega responsabilidad y rehúsa cancelar el proyecto.
Después de los arrestos de ocho sujetos,
había esperanza que quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Sra. Cáceres
serian rastreados y capturados pero esto
no sucedió. Por más de un año no ha
habido ni una palabra más por parte del Ministerio Publico sobre el caso, con
la excepción de que la investigación continua – un refrán familiar en Honduras
donde investigaciones criminales o nunca comienzan o nunca terminan.
La Embajada de los Estados Unidos también
aseguro repetidamente a mí e a otros que la investigación estaba siendo
conducida de manera profesional y de acuerdo con los estándares más altos.
Ahora parece que esto fue una ilusión sin fundamento.
Después que el gobierno Hondureño denegó
permisión al CIDH para investigar, la familia de Berta Cáceres’
organizo un equipo internacional independiente de abogados de derechos humanos
para conducir su propio análisis de la evidencia. Durante el plazo de un año,
el grupo, conformado por cinco abogados destacados de los Estados Unidos,
Colombia, y Guatemala, conocido como el Grupo Asesor Internacional
de Personas Expertas (GAIPE), entrevistaron testigos e analizaron datos
de teléfonos celulares e otra evidencia que pudieron obtener del Ministerio
Publico. Y mientras los datos que
analizaron representan solamente una fracción pequeño de lo que se conoce que existe,
incluyo miles de mensajes de texto que revelaron mucho.
Ahora hay
pocas dudas sobre las identidades de por lo menos algunos de los autores
intelectuales quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres.
Sin embargo, el ministerio público no ha actuado a base de esta evidencia,
quizás porque implica que ejecutivos de DESA con vínculos con oficiales en el Gobierno
Hondureño están involucrados.
Como dije el
31 de Octubre, 2017, cuando GAIPE público el informe de su investigación,
"Este
informe condenatorio corrobora lo que muchos sospecharon: que la investigación
del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de
bloquear y desviar la atención para proteger a quienes concibieron y pagaron
por esta conspiración, y una flagrante falta de voluntad política . El
Ministerio Público debe dar acceso completamente, sin más demora, todos
los testimonios, pruebas electrónicas y balísticas a los representantes
legales de la familia Cáceres, y a los abogados de los acusados tal como lo
exige la ley. El Ministerio también debe proteger toda la prueba y seguir
la evidencia sea donde sea que esta conduzca hasta arrestar a los responsables.
Es vergonzoso que a pesar de la intensa presión nacional e internacional, este
caso horrible ha languidecido, mientras que los responsables han tratado de
desviarlo. Por otra parte, hay cientos de activistas sociales y
periodistas hondureños que han sido amenazados y asesinados de manera similar,
cuyos casos no han sido investigados."
Es
importante notar que el informe de GAIPE indica que la evidencia no solo
implica a los ejecutivos de DESA y sus empleados, tanto como agentes del estado
Hondureño, en la vigilancia, diseminación de información falsa, y el complot
para asesinar a Berta Cáceres; la evidencia también revela otros crimines
incluyendo obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, y asociación ilegal.
El informe documenta los extremos impactantes a los cuales la empresa estaba
dispuesta en búsqueda de sus objetivos financieros, incluyendo la contratación
de un asesinato.
En adición de
divulgar inmediatamente la evidencia a la familia Cáceres y a otros quienes
tienen el derecho de accederlo bajo la ley Hondureña, el Ministerio Público
debe actuar sobre la petición de los representantes legales de la familia
Cáceres de arrestar a los autores intelectuales.
El Ministerio
Público debe asegurar inmediatamente que todas las pruebas electrónicas y otra
evidencia esta adecuadamente protegido para eliminar el riesgo de manipulación.
Por cualquier razón, mucha de la evidencia, según lo que informan, está en la
posesión de La Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia, y dado la
historia en Honduras de la desaparición, destrucción o robo de evidencia e intimidación
y el asesinato de testigos, asegurando la evidencia en este caso es imperativo.
El Gobierno
Hondureño debe tomar todos los pasos necesarios para proteger los líderes de
COPINH, quienes vidas aún permanecen en peligro. En el pasado, las respuestas
por parte del gobierno a peticiones para
protección han variado entre inacción e ineficaz.
La concesión
de Agua Zarca, y otros concesiones hidros o extractivos que fueron obtenidos
sin consentimiento de la comunidad local, quienes vidas o territorios serian
afectados negativamente, deben ser cancelados. El Gobierno de Honduras necesita
reformar sustancialmente la manera en que revisa y otorga estas concesiones,
cuales con mucha frecuencia han sido el producto de tratos corruptos que
resultan en degradación ambiental, conflicto social, y violencia.
Sr.
Presidente, el asesinato de Berta Cáceres, tan escandaloso y trágico que era,
presento al Gobierno Hondureño con una oportunidad para mostrar que la justicia
es posible en casos como este, y que las personas en posiciones de privilegio y
poder económico y político también son sujetos a la justicia. Sin embargo, hemos visto más de lo mismo. Evidencia
importante mal manejado y posiblemente ignorado, y retenido de personas quienes
tienen el derecho de accederlo. Una investigación parcial que resultó en el
arresto de los quienes, según se informa, cometieron el crimen, seguido por
meses de silencio sin identificar quienes están detrás de esto. Esto no es
aceptable.
En los
últimos dos años, Presidente Hernández y otros oficiales Hondureños han viajado
a Washington haciendo cabildeo para que Honduras reciba su porción de fondos
Estadunidenses para el Plan de la Alianza para
la Prosperidad del triángulo norte de América Central. Entre otras cosas, han
expresado su compromiso a los derechos humanos y respecto hacia sociedad civil.
Van a darse cuenta que la acción, no palabras, es lo que importa.
En los
últimos dos años, el Congreso de los Estados Unidos ha proporcionado U.S $1.4
billones de dólares para apoyar el Plan, de lo cual una porción significante es
para Honduras. Yo apoye esos fondos, porque reconozco los inmensos desafíos que
la pobreza, corrupción, tráfico de drogas, violencia de pandillas, y la
impunidad significan en esos países. Estos problemas no serán resueltos con la
construcción de un muro en nuestra frontera sur, o deportando miles de Centro
Americanos quienes viven en los Estados Unidos.
Menciono esto
porque el asesinato de Berta Cáceres coloca el apoyo de los Estados Unidos para
el Plan bajo intenso escrutinio. Hoy ese apoyo está en peligro.
Por esta
razón, los responsables por su muerte, y los asesinos de otros activistas
sociales Hondureños y periodistas tienen
que ser llevado ante la justicia.
Por esta
razón Agua Zarca, y otros proyectos parecidos que no tienen el apoyo de la población
local, tienen que ser abandonados y reemplazados con un proceso participativo
incluyente y transparente que cumple con protecciones internacionales ambientales
y sociales.
Por esta
razón el Gobierno de Honduras tiene que cesar sus intentos a socavar el trabajo
del Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),
que ha comenzado a investigar el vínculo entre la asesinato de Berta Cáceres y
practicas corruptos entre DESA y agentes del estado Hondureño.
Y por esta
razón el Gobierno Hondureño finalmente tiene que tomar en serio su
responsabilidad de proteger los derechos
de los periodistas, defensores de derechos humanos, otros activistas sociales,
COPINH, y organizaciones de la sociedad civil que abogan pacíficamente para el
desarrollo económico equitativo y acceso a la justicia.
Solo entonces
debemos confiar que el Gobierno Hondureño es un socio con lo cual los Estados
Unidos puede trabajar en respondiendo a las necesidades y protegiendo los
derechos del pueblo Hondureña, particularmente aquellos quienes han sufrido el
mayor parte del impacto de la negligencia oficial, corrupción, y violencia por
tantos años.
Hoy,
cualquier esperanza que el Gobierno Hondureño pueda tener para la continuación
de asistencia de los Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad
depende en parte, en el resultado del caso de Berta Cáceres, acciones concretas
que demuestran apoyo para el papel legítimo de la sociedad civil y los medios
de comunicación independientes, y reforma real del sistema de justicia.
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Concluyó la audiencia inicial contra Roberto David Castillo Mejía presidente ejecutivo de la empresa DESA por el delito de asesinato en perjuicio de la compañera Berta Cáceres. La acusación privada de COPINH presentó además el cargo de asociación ilícita por operar los miembros de la empresa y más como estructura para cometer delitos que intentaban parar la lucha del COPINH y Berta. La audiencia inicial concluye luego de dos días de discusión y protesta frente al juzgados con la resolución de dictar auto de formal procesamiento por el asesinato de Berta Cáceres y sobreseimiento definitivo por la asociación ilícita. Como dato curioso el imputado David Castillo se hizo acompañar, a parte de sus 4 abogados defensores, de 2 abogados representando a DESA y uno más que forma parte de la junta directiva de la empresa.
Número de Identidad: 0501-1980-06719, ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos. Desempeñado, a partir de información pública, los siguientes cargos:
Durante la administración de la Junta Interventora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el señor Roberto David Castillo Mejía se desempeñó́ como Asesor Técnico de la misma, y en fecha 13 de enero de 2008 la Abogada Rixi Moncada, ex Gerente General de la ENEE, requirió́ los servicios profesionales del señor Castillo Mejía en esta institución, es así́ que el 14 de enero de 2008, se nombró en forma permanente al señor Roberto David Castillo Mejía como Coordinador del Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A partir de estas audiencias ya el proceso judicial del
caso de la compañera Berta Cáceres y el compañero Gustavo Castro se
desarrollarán en el Tribunal de Sentencia de jurisdicción nacional, con un
tribunal fijo conformado por tres jueces.
